Ante la JEP se abre la herida de las 4 mil personas que fueron retenidas en un coliseo en Arauca en 2002

A finales de septiembre de 2022 se presentó un documento ante la JEP con el título: “¿Administración de justicia o secuestro estatal?”. Fue una investigación hecha por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, respaldada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP OEA) y el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia.

La denuncia reveló que entre 2002 y 2020 más de 300 líderes sociales fueron víctimas de persecución judicial. El documento soporta las judicializaciones hechas por el Estado como una política en contra del departamento de Arauca, destruyendo el tejido social de esta zona del país en medio del conflicto armado.

17 casos de judicialización y persecución a líderes sociales se presentaron en el texto. Aunque la mayoría de las personas quedaron libres por vencimiento de términos o se demostró su inocencia, el daño de esa persecución no ha sido reparado.

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“El caso 2002 es uno de los más significativos de los presentados en el informe, porque muestra la detención de más 2000 personas en el Coliseo Cubierto Jacinto Jerez Archila de Saravena”, expresó Jhonathan Ballesteros, coordinador del Observatorio de la UNAL a la agencia de noticias de la universidad.

Cabe recordar que el 11 de noviembre de 2002 alrededor de 4 mil personas fueron encerradas en el coliseo Jacinto Jerez Archila en Saravena, Arauca. Según data, estuvieron recluidas alrededor de tres días mientras miembros de la Fiscalía y el Ejército iban revisándolas.

Según la información suministrada en el documento “¿Administración de justicia o secuestro estatal?”, 36 personas fueron detenidas por pertenecer al ELN y siete a las FARC.

Según información de la Comisión de la Verdad, en el departamento viven 265 mil personas y alrededor del 38 % de los habitantes de Arauca son víctimas del conflicto armado y se estima que 45 mil están sin registrar.

Con el panorama anterior expuesto, la Comisión detalló que la respuesta del “Estado fue un despliegue militar que a la fecha registra más de 9.000 miembros del Ejército”. Además, la población cree que la presencia de las Fuerzas Militares entorpece sus labores y se sienten vulnerables.

“Las personas aseguraron que ser líder social en el departamento es sinónimo de persecución (...) con esto se rompían procesos comunitarios que los líderes no podían retomar”, dijo el coordinador Ballesteros a la agencia de noticias de la Universidad Nacional.

Cabe recordar que Colombia es uno de los países del mundo que más persecuciones en el mundo hace a los líderes sociales y ambientalistas. El informe de 2021 de Última Línea de Defensa de la ONG Global Witness ubicó al país como el más peligroso para ser líder social.

La docente Lucía Meneses, junto con estudiantes del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), llevaron a cabo la segunda parte del informe, realizando entrevistas a las víctimas con una estructura que les permitiera encontrar patrones en común en torno a las judicializaciones y hallar una lista de propuestas por parte de ellos.

Lo que encontraron fue la necesidad de tener la garantía para el ejercicio social, que los desplazados retornen al territorio, y que existan modelos integrales de salud y educación para la comunidad. Sobre todo, reparar a las familias. Entre otras solicitudes está la memoria histórica, se les respete la dignidad de ser campesinos y la legitimidad de su territorio.

Hasta el pasado septiembre de 2022 fueron asesinados en el país 90 líderes sociales, según Indepaz.

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