Durante el lunes, la Procuraduría General de la Nación adelantó una reunión con delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El encuentro tuvo como objetivo, realizar el planteamiento de acciones que estén dispuestas para el cumplimiento de las órdenes conferidas por las altas cortes con relación a la protección de los ecosistemas que han sido amenazados por la deforestación en el territorio nacional.
De acuerdo a la solicitud hecha por el ente de control político, estas acciones deben estar incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, entendiendo que los escosistemas para los que se ordena su conservación son considerados por las cortes como sujetos de derechos.
Al finalizar la reunión, el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruíz, se refirió a la situación de los parques naturales del país, enfatizando en la práctica de la ganadería en estos lugares como un factor amenanzante para la conservación de estos ecosistemas.
“El Ministerio de Ambiente, en representación del gobierno Nacional, ha resaltado el rol de la Procuraduría General de la Nación y su liderazgo en este proceso de articulación, que es necesario y que ha permitido avanzar en una acción interinstitucional en la gestión particularmente de la ganadería en los parques naturales”, señaló el procurador Gustavo Guerrero.
En este sentido, la comunicación enviada por parte del ente de control, se enfatiza con prioridad la problemática que afecta a los Parques Nacionales Naturales Tininua, Serranía la Macarena, Picachos, Catatumbo Barí y Chibiriquete. En estos ecosistemas se tienen identificadas varias situaciones de deforestación, por lo que el llamado de la procuraduría al Ministerio de Ambiente es claro, reducir a cero en los índices de estos parques, al igual que en la Amazonía colombiana.
Si bien la situación de los parques naturales mencionados y del Amazonas son una prioridad, el ente de control pidió no bajar la guardia en los demás ecosistemas que son sujetos de derechos, determinado de esta manera por la Corte Suprema de Justicia en diferentes momentos.
De igual forma, la entidad adscrita al Ministerio Público aseguró que es necesario implementar mencanismos que permitan la reparación de los daños ocasionados en los bosques del país, situación que vincula al uso de estas tierras con fines ganaderos.
“Hay un consenso sobre la necesidad de dotar a estas herramientas de un contenido regulatorio mínimo que permitan hacer exigible los compromisos que se asumen en el marco de los mismos”, agregó el procurador delegado par asuntos ambientales, Gustavo Guerrero.
En cuanto a la exploración minera, el procurador precisó en la importancia de ejecutar planes de trabajo que permitan una coordinación en el ordenamiento territorial entre el sector minero y ambiental.
En correspondencia a sus funciones como autoridad de control político, la Procuraduría extendió un llamado tanto al Ministerio de Ambiente, como a las autoridades territoriales para cumplir las sentencias hechas por la Corte Suprema de Justicia con respecto a la protección y la conservación de ecosistemas estratégicos.
La Procuraduría se comprometió a seguir combatiendo las situaciones que amenacen la integridad de las zonas protegidas del país. Así como también indicó que, de obedecer las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia y ratificadas por la Corte Constitucional, se garantiza el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en temas medioambientales establecido para el periodo comprendido entre el 2018 al 2022.
Por otro lado, la Procuraduría también solicitó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a establecer la delimmitación de los páramos de Santurbán, Cruz Verde, Sumapaz, Almorzadero y Pisba.
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