Por devolverle dinero incautado a un excongresista investigado por parapolítica fue sancionado un juez en Colombia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a Roger Emilio Hernández por haberle entregado más de $480 millones al cuestionado político Yahir Acuña

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Yahir Acuña, imagen de colprensa
Yahir Acuña, imagen de colprensa

Yahir Acuña es un polémico político que fue excongresista, actualmente es diputado de Sucre y también investigado por parapolítica, pero en esta ocasión el foco de la noticia no recae sobre él sino en el juez Roger Emilio Hernández, quien recibió una sanción por haberle dado una jugosa suma de dinero incautada al acusado.

Desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se indicó que el juez Hernández, a cargo del Juzgado 2 de Garantías de Sincelejo habría entregado $487 millones al diputado de Sucre. Aquella suma de dinero estaba incautada desde el 2015 y era materia de investigación para la Fiscalía Séptima de la dirección de Antinarcóticos y Lavado de Activos.,

Sin necesidad de traspasar la autonomía judicial, Roger Hernández sí incurrió en una vulneración de sus deberes funcionales, desconociendo el estado del dinero incautado y la petición de la Fiscalía de mantenerlo bajo la necesidad e indagación por unos presuntos punibles y de las líneas de investigación que se complementaban y que podía establecer el origen de los recursos”, indicó la Comisión Nacional.

Con dos meses de su salario deberá ser sancionado el juez a cargo del Juzgado 2 de Garantías de Sincelejo por favorecer al político investigado por parapolítica.

Se debe recordar que cuando fue capturado Yahir Acuña, indicó junto a su esposa que el dinero incautado era producto de la venta de unos predios de su propiedad: un apartamento en Sincelejo por $100 millones y una finca de 19 hectáreas en Chinú (Córdoba) a cambio de $400 millones de pesos.

Sobre más información del diputado de Sucre: el excongresista y diputado del departamento de Sucre, Yahir Acuña, no le cayeron en gracia los comentarios emitidosa finales de septiembre por la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, que lo asociaban con crímenes como nexos con grupos paramilitares y corrupción.

Los comentarios de la congresista de la Alianza Verde surgieron a propósito del eventual nombramiento de Alexandra Falla en el viceministerio de Transformación de las TIC, una cartera sobre la que ya pesan fuertes cuestionamientos tras el escándalo de Centros Poblados, concesión que recibió un anticipo de 70 mil millones de pesos para instalar internet en zonas rurales y nunca fue ejecutado. Tras el escándalo por ese contrato, que debía beneficiar a 1.3 millones de niños y niñas habitantes de la zona, la ministra Karen Abudinen tuvo que renunciar.

A través de su cuenta de Twitter, Juvinao envió mensajes como “viceministerio TIC se entregaría a uno de los políticos más cuestionados por corrupción en Sucre: Yahir Acuña. Candidata sería Alexandra Falla, quien habría pedido apoyo a la bancada de la U en reunión en Club de Banqueros. 400mil millones de presupuesto tendrán”.

Además, la representante hizo una solicitud comedida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, paraimpedir que el viceministerio de Transformación del Ministerio de las TIC quede en manos de un ex congresista fuertemente cuestionado por corrupción y presuntos nexos con el paramilitarismo en la región. Eso NO ES el cambio”.

“¿Entonces no fue suficiente con los 70.000 mil millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el Ministerio de las TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos? ¡No señor! Le pido evitarlo, presidente Gustavo Petro”, aseveró.

Por último, Juvinao fue enfática en señalar que, “nadie que tenga el apoyo de Yahir Acuña puede llegar a un alto cargo en el gobierno de Gustavo Petro. Me perdonan pero me disculpan. Uno NO le entrega los cargos del país a cuotas de politiqueros con diversos cuestionamientos por presunta corrupción y paramilitarismo”.

Ante esta situación, Acuña tomó la decisión de presentar una acción de tutela, una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, al considerar que la representante por Bogotá está afectando su derecho al buen nombre. También hizo llegar a su cuenta de correo institucional una petición de retracto por sus declaraciones, la cual no ha sido respondida por Juvinao.

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