Gobierno radicó presupuesto de regalías 2023 - 2024: el proyecto alcanza los $31,3 billones, que es un 2,1 % del PIB

El Gobierno nacional radicó este lunes en el Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, por un monto de 31,3 billones de pesos, cifra equivalente a 2,1 % del producto interno bruto (PIB).

Desde 2012, este es el presupuesto que más recursos asigna a los territorios y con lo cual se favorecerá en gran medida la transición gradual y ordenada hacia la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva incluyente, sostenible e intensiva en generación de empleo que requiere el país de cara a los retos de la agenda 2030.

Cabe señalar que dando cumplimiento al artículo 361 de la Constitución Política, este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para la inversión de los territorios por 29 billones de pesos, de los cuales se asignarán así:

- 7,5 billones de pesos serán asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.

- 3,8 billones de pesos se asignarán a los municipios más pobres y contribuirán al cierre de brechas y a la ampliación de capacidades productivas territoriales que permitan obtener mayores retornos económicos y sociales de los recursos del SGR.

- 10,1 billones de pesos serán asignados a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional, susceptibles de generar economías de escala en el uso de los recursos. De estos recursos, 6,1 billones de pesos serán probados directamente por los departamentos.

- 3 billones de pesos orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales 600.000 millones de pesos deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.

- 3,4 billones de pesos financiarán, en el marco de una paz total, proyectos que estabilizan y transforman los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios con Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Parte de estos recursos ya se encuentran comprometidos en proyectos aprobados en el marco del adelanto ordenado por la constitución.

- 694.000 millones de pesos serán asignados para los grupos étnicos del país encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rrom o gitano de Colombia.

- 299.000 millones de pesos para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, este propósito será fortalecido por la inversión de 599.000 millones de pesos que deben garantizar para este fin los municipios más pobres del país y las comunidades étnicas, así como los 600.000 millones de pesos que deben ser destinados a proyectos en ciencia, tecnología e innovación con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.

- Cormagdalena recibirá 150.000 millones de pesos para inversión en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.

Es de destacar que para el ahorro se destinarán 1,3 billones de pesos a través de los Fondos para la Estabilización y para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Así mismo, 299.000 millones de pesos para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR.

También se destinarán 598.000 millones de pesos para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y para el incentivo a la exploración y a la producción.

De acuerdo con lo indicado por el ministro José Antonio Ocampo, este proyecto de ley favorece la descentralización de los dineros del Estado al otorgarles herramientas suficientes a los mandatarios departamentales y municipales para controlar e invertir sus recursos en proyectos que apoyen el desarrollo de las comunidades.

Se buscará fortalecer los mecanismos institucionales relativos al ciclo de aprobación de los proyectos a través de las metodologías para la priorización. Esto con el fin de garantizar el impacto estructural que ordena la Constitución Política en los territorios y mejorar la integración del sistema de estructuración y priorización; de tal modo que se aprueben los proyectos de mayor impacto en la transformación productiva de los territorios.

Lo anterior implica impulsar una transformación económica liderada por la incorporación del conocimiento en los procesos productivos, alineada con la transición energética hacia fuentes renovables, tal como lo recomiendan los estándares internacionales de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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