La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana el lunes 3 de octubre, luego de comprobar la amenaza a la que están expuestos los líderes y lideresas sociales de los municipios de Nátaga y La Plata (Huila). De acuerdo con la información expuesta por la entidad del Ministerio Público, el grupo armado ‘Dagoberto Ramos’, disidente de las Farc, está operando para ejercer control social y territorial en estas dos cabeceras municipales.
La Defensoría del Pueblo logró establecer que las vías interdepartamentales que atraviesan a estos dos municipios están siendo usados como corredor de tráfico de marihuana. Esto, en vista de la ubicación estratégica que suple esta zona del departamento del Huila, con algunos sectores en los que se ha identificado la producción de la sustancia psicoactiva, especialmente en municipios del norte del Cauca.
“Este territorio resulta estratégico y permite una conexión rápida entre las regiones Andina y Pacífica, está en límites con el Cauca y cuenta con una ruta desde el norte hasta el sur del Huila para el comercio de bienes y mercaderías en general, que los delincuentes buscan manejar para sus actividades criminales”, declaró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La entidad que vela por la protección de los derechos de los colombianos, señaló que las investigaciones que pudieron adelantar en la zona, conducen a que, principalmente, la columna ‘Dagoberto Ramos’ desarrolla acciones en el territorio con el fin de asegurar el tránsito de los estupefacientes por las vías interdepartamentales. Para lograr este cometido, el grupo armado estaría utilizando tanto vehículos privados, como unidades de transporte público para lograr mover el narcótico hacia el suroccidente del país.
De igual forma, la Alerta Temprana también indica que se estaría haciendo uso de comunidades indígenas y campesinas como mecanismo de distribución del alucinógeno y para evadir los controles viales que realizan las autoridades.
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo responsabiliza a la columna ‘Dagoberto Ramos’ de incurrir en conducta que vulneran los derechos humanos, tales como reclutamiento, utilización de niños, niñas y adolescentes con fines de tráfico de narcóticos, cobro de extorsiones a transportadores, comerciantes y campesinos, así como también el uso de la población civil como mecanismo para transportar y distribuir la marihuana.
“Aunque la explotación económica de la marihuana constituye un interés predominante de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, resulta claro que el dominio de la red vial también posibilita el control sobre la distribución de otros enseres y productos de carácter legal, como alimentos, semillas y productos agrícolas, entre otros. Allí se registra también el cobro de extorsiones a los agricultores y comerciantes”, agregó el funcionario Carlos Camargo.
Según datos revelados por las autoridades, en las vías que atraviesan los municipios de Nátaga y La Plata (Huila), se incautan y destruyen un promedio de 500 kilogramos de marihuana cada trimestre. Esta situación refleja un panorama de alto flujo de circulación de esta sustancia para la Defensoría del Pueblo, por lo que piden acciones concretas a las autoridades territoriales para combatir este flagelo que está atentando contra la tranquilidad de los pobladores.
“Lo que está ocurriendo en Nátaga y La Plata amerita el accionar preventivo coordinado y urgente para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil; por lo tanto, urge mejorar la seguridad en la amplia red vial presente en ambos municipios”, precisó Carlos Camargo.
En esta alerta, se advierten de amenazas a los derechos de pueblos indígenas que habitan en la zona, a defensores de derechos humanos y a líderes y lideresas sociales que tienen influencia en estos municipios.
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