La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó en la tarde del martes 4 de octubre, que 8 de los 10 integrantes del Ejército Nacional que fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por hechos relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, reconocieron la imputación de los cargos proferida el pasado 11 de julio.
Los uniformados que aceptaron su responsabilidad en estos delitos son: el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el sargento Hernando Cómbita Salazar y Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.
De igual manera, se les atribuyó responsabilidad, en calidad de máximos responsables por su participación determinante, a tres sargentos en retiro: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y un soldado profesional en retiro: Levis de Jesús Contreras Salgado.
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Durante las acciones judiciales y en sus reconocimientos escritos, los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”. En las diligencias que se adelantaron para esclarecer los hechos de ‘falsos positivos’ y desaparición forzada en el municipio antioqueño, los uniformados aceptaron responsabilidad individual.
Así mismo, reconocieron su participación en calidad de máximos responsables. La JEP señaló que los señalados mostraron su disposición de realizar acciones tareas y actividades “con la finalidad de reparar los daños causados”.
Para continuar el curso del proceso, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad fijará los términos de la audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación.
Así lo informó la justicia de paz:
“Los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país por los crímenes documentados en Dabeiba. Se trata de un escenario de priorización, en el cual confluye un macrocaso nacional (03), que investiga los ‘falsos positivos’, con uno territorial (04), que priorizó la región de Urabá”.
El coronel Efraín Enrique Prada Correa, oficial de más alto rango señalado por estos crímenes, describió ante la JEP su responsabilidad en estas acciones:
“Reconozco que influí en aquellos que no querían participar en esos hechos y aún más, motivé a los que lo hacían, recordándoles el plan de bienestar y permisos que estaba ordenado por el comandante de la Brigada CR Jorge Alberto Amor Páez, que consistía en permisos y felicitaciones para el personal que diera resultados operacionales, y en muchas ocasiones ser tenidos en cuenta para viajes al exterior”.
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Por su parte, el mayor en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo indicó que: “Reconozco que con mis acciones causé daños morales, emocionales y en la salud mental y física, así como la estigmatización y revictimización padecida por los familiares de las víctimas, también reconozco que hubo afectación al patrimonio familiar y económico, así como los daños diferenciados por la condición de género”.
Los únicos dos oficiales que no aceptaron su responsabilidad fueron los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez, que manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP.
Ante este escenario, se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.
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