Presidente de Colombia considera “una injusticia” incluir a Cuba en el listado de países que apoya a grupos terroristas

Durante el encuentro realizado entre el presidente de la República Gustavo Petro y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se abordaron tres temas principales: implementación del Acuerdo Final de Paz, narcotráfico y migración. Sobre este último, el mandatario nacional fue abordado sobre su posición ante la decisión del país norteamericano en incluir a Cuba en la lista de territorios promotores del terrorismo, y en respuesta, dijo que le parecía “una injusticia” tal determinación.

Al respecto, el jefe de Estado señaló que le había indicado a Blinken su desacuerdo con el trato de Estados Unidos a Cuba, pues en el Gobierno de Juan Manuel Santos, ese país, bajo el mandato de Barack Obama, fue uno de los veedores del proceso de paz en La Habana con la extinta guerrilla de las Farc.

“Luego, otro gobierno colombiano, le pidió a otro Gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las Farc y el ELN en Cuba, lo declarara un país que estimula actividades terroristas. Eso se llama una injusticia”, señaló Petro Urrego refiriéndose al periodo presidencial de Iván Duque.

En ese sentido, el primer mandatario dijo que ese estatus de Cuba (2021 - Donald Trump) “no depende de nosotros” y que, bajo ese panorama, debe ser corregido, resaltando que durante el actual Gobierno se han restablecido los papeles de garantes de estos dos países (y el Reino de Noruega) en los diálogos de paz con el ELN, tal y como ocurrió durante el proceso con las extintas Farc.

De paso, recordó que esa condición de veedores en el proceso la han solicitado países como España tras la visita de Pedro Sánchez a Colombia y que se puede volver a hablar del tema cuando se reanuden las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

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Posteriormente, Petro Urrego habló de la extradición y las condiciones que deben cumplir aquellos delincuentes para que no sean acogidos con esta medida. Al respecto, preguntó: “¿qué pasa si una persona de estas bandas ya solicitada en extradición o que se solicite en extradición hace parte de un proceso de paz en Colombia?” añadiendo que su propuesta consiste en que, cada integrante de una estructura criminal que decida acogerse a la justicia ordinaria y otorgue garantías de no repetición, no será extraditado.

Dichos beneficios, sugirió, deben ser vinculados en una ley, pues ello no depende solamente de la voluntad política de un gobierno sino que “debe tener cierta seguridad jurídica”. También resaltó que varias organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y que se dedican a otras actividades ilícitas en diferentes regiones del país, “han mandado cartas al Gobierno hablando de una negociación para desmantelarse”.

El presidente Petro explicó, en este punto, que para llevar a cabo dichas negociaciones de desmantelamiento “tendría que hacerse, básicamente, bajo una ley de acogimiento a la justicia que el Gobierno va a presentar al Congreso y que lleva es a una negociación con el poder judicial, no con el Gobierno”. Sobre esto, aclaró que dicha norma debe guardar relación con la justicia reparativa.

Bajo ese panorama, reiteró que “estas fuerzas desmanteladas pueden recibir beneficios jurídicos solo si hay verdad, hay garantías de no repetición y hay reparación, que en muchos casos son reparaciones ambientales”.

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