Durante este lunes 3 de octubre, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que la audiencia de la senadora Piedad Córdoba sea adelantada de manera virtual. La congresista del Pacto Histórico tendrá que declarar sobre el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
La diligencia, que está programada para el próximo jueves 6 de octubre, no podrá hacerse de manera presencial debido a varias complicaciones de salud que presenta la legisladora. La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento después de que la defensa de Córdoba presentara una excusa ante el tribunal en la que afirma que tiene incapacidad médica hasta el 26 del mismo mes.
Los abogados de la senadora del Pacto Histórico le solicitaron al tribunal que la audiencia fuese aplazada —por sexta vez— o que se realizara de manera virtual. Al respecto, la JEP optó por esa segunda opción para “garantizar los derechos de las víctimas a conocer la información que la señora Córdoba Ruiz tiene en su poder”.
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Lo que sabe Piedad Córdoba sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado
Córdoba ha dicho en diferentes ocasiones que tiene información que comprobaría que las antiguas Farc fue la autora del asesinato del líder conservador. La JEP la citó a rendir indagatoria, y además está recolectando información y testimonios para determinar si asume o no la competencia en este caso. Por eso, exjefes guerrilleros también tendrían que dar información al respecto.
Previamente, Piedad Córdoba ya había entregado una entrevista de carácter judicial ante la JEP sobre el caso en marzo de 2020; sin embargo, la diligencia debe repetirse por no haber contado con la participación de las víctimas, es decir, los familiares de Gómez Hurtado.
Julieta Lemaitre fue la magistrada que en ese entonces no permitió el acceso a las víctimas, a pesar de que el procurador encargado solicitó reprogramar la audiencia para que estuvieran presentes y pudiesen hacer preguntas. La togada explicó que “en caso de una entrevista de este tipo no hay participación de las víctimas, en principio”.
A pesar de ese argumento, la familia de Gómez Hurtado consideró que se les vulneró su derecho al debido proceso, pues no se les permitió interrogar a Piedad Córdoba sobre lo que conocería del magnicidio. Ahora podrán escucharla gracias a un fallo de tutela de la Sección de Ausencia.
Cabe recordar que el caso se reactivó también porque el senador y exguerrillero de las Farc, Carlos Antonio Lozada, también conocido como Julián Gallo, aseguró que el secretariado de la antigua guerrilla planeó y ejecutó el asesinato de Gómez Hurtado.
Según contó el ahora congresista, fueron contactadas milicias que delinquían en Bogotá y todos ellos habrían sido asesinados para que no contaran la verdad de los hechos; sin embargo, para los familiares esta versión presenta muchas incongruencias y contradicciones frente al tiempo, modo y lugar.
Además, el exlíder guerrillero no ha aportado ninguna prueba para soportar su versión, y los familiares de Gómez Hurtado aseguran que hay evidencias suficientes para comprobar que las Farc no participaron ni tuvieron conocimiento del crimen del líder conservador. De acuerdo con las víctimas, había varias personas interesadas en atentar contra su vida, entre ellas, el expresidente Erenesto Samper Pizano.
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