Con la instalación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final el presidente de la República Gustavo Petro, en varias declaraciones entregó un balance de los puntos en los que es necesario trabajar para dar cumplimiento a lo establecido en los acuerdos y uno de esos puntos es la reforma rural integral.
En esta reforma planteada en los Acuerdos de Paz se busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en un plazo de 10 años.
Dentro de este punto, uno de los pilares de cumplimiento de esta reforma es la entrega y democratización de tierras productivas al campesinado para que puedan crear bases de sostenimiento agrario por fuera de la pobreza. Justamente dentro de sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Gobierno tendrá que pagar entre 10 y 20 millones de pesos por hectárea en la compra de tierras fértiles para luego entregarlas a la población:
“Tenemos que comprar tierras productivas. La hectárea va de 10 millones, incluso en algunas zonas llega hasta 150. Pero también hay que hacer inversiones que el gobierno anterior dejó comprometidas”
La inversión total que tendría que hacer Petro durante su gestión para la adquisición de estas tierras rondaría los 30 y 60 billones de pesos, cifra que obligatoriamente haría que se modifique el marco fiscal para que el objetivo sea posible. El marco fiscal son las proyecciones a 10 años que indican cuanto puede endeudarse, gastar o recoger en impuestos un gobierno.
“Son entre 30 y 60 billones en total. El gobierno pasado creó una norma que establece un marco fiscal restrictivo para este gobierno. Bonita sería la tarea de la Comisión y la nuestra y bonita sería la tarea teórica de los economistas y políticos ¿vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz?
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La razón por la cual el mandatario estableció la cifra de compra de hectáreas es para pagarlas según el avalúo que tienen en el mercado actualmente y evitar crear la famosa ‘polémica’ que lo ha perseguido desde su postulación a la presidencia, la expropiación. Si el Gobierno de Gustavo Petro compra las tierras a precio de mercado, sus dueños no tendrían por qué denunciar que se las están arrebatando injustamente:
“Comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy independientemente de su historia, porque la historia de la tierra en Colombia es ensangrentada y gobierno pero proponemos comprar la tierra a precio del mercado, eso es condición de paz. Les compramos la tierra para que hagamos la paz”.
Según los datos del Gobierno, el 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra y su principal objetivo es distribuirlas de tal manera que ese porcentaje se reduzca considerablemente. No obstante la ejecución de la estrategia enfrenta varios retos que son importantes resaltar, como lo es el hecho de que 60 billones de pesos es una inversión gigante, representaría casi el 0.8 del PIB y ese dinero tiene que salir de los bolsillos de alguien.
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