ONU llama la atención por riesgos de seguridad en el Programa de Sustitución de Cultivos

Un informe trimestral publicado por el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, señala que hubo menos asesinatos a excombatientes de las Farc en julio de 2022. De acuerdo con el documento que detalla los avances de la implementación del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla en el último trimestre, también hay una voluntad del Gobierno de Gustavo Petro en cumplir los seis puntos de lo acordado en La Habana.

Sin embargo, manifiesta su preocupación por los desafíos que aún muestra el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, especialmente en la seguridad. En ese sentido, afirma que la Contraloría General de la República “ha destacado que existen rezagos persistentes en los proyectos productivos, especialmente en las iniciativas a largo plazo, lo que supone un riesgo para la sostenibilidad del Programa” que actualmente solo se está implementando en 56 departamentos con 99.097 familias beneficiadas.

También, precisa que tanto líderes políticos como actores civiles y organizaciones sociales han pedido a la institucionalidad para que este programa tenga mayor alcance más allá del actual enfoque por familias a fin de que sean fortalecidos otros elementos del Acuerdo Final, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En ese sentido, Naciones Unidas también mostró su preocupación por el escalamiento de la violencia en territorios donde la presencia del Estado es mínima o nula, motivo por el cual hicieron énfasis en el cumplimiento por parte del gobierno actual de una política de desmantelamiento de estructuras ilegales, siendo esta “una de las disposiciones sobre garantías de seguridad más importantes del Acuerdo Final que aún está pendiente de implementación”.

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El informe de Guterres indica también que 11 firmantes fueron asesinados, “lo que convierte este mes en el más mortífero para los excombatientes desde 2019”. Sumado a eso, resalta que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia registró 342 crímenes contra exintegrantes de la antigua guerrilla, entre ellos 48 afrocolombianos, 28 indígenas y 11 mujeres.

“Más del 80 % de los asesinatos se concentran en el Cauca, Nariño, Antioquia, el Caquetá, el Meta, el Putumayo, Norte de Santander, el Valle del Cauca y el Chocó”, motivo por el cual piden adoptar con urgencia, medidas específicas entre las que se encuentran algunas priorizadas por el actual gobierno.

El informe presentado este lunes también resalta los avances hechos por el presidente Petro para abordar la persistencia de la violencia en determinadas zonas del país, como el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa, la designación de una nueva cúpula militar y de Policía y el encargo del jefe de Estado sobre los altos mandos de contribuir con la ambiciosa ‘paz total’ “en parte dialogando activamente y construyendo confianza con las comunidades”.

A su vez, advierte la continuidad de acciones armadas de grupos ilegales (a pesar que 10 grupos ilegales anunciaron un cese al fuego unilateral), incluyendo las disputas de territorios por el control del narcotráfico especialmente en zonas con limitada presencia del estado. Por ello, señalan las iniciativas “de paz y seguridad” que se están poniendo en marcha en el gobierno Petro para que crímenes como el ‘plan pistola’ liderado por el Clan del Golfo en julio y primeros días de agosto no se repitan.

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