Mujeres migrantes venezolanas tienen más barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia

Falta de conocimiento de la normatividad colombiana, comprensiones sesgadas o limitadas de dicha legislación y trabas en el sistema de salud son las tres grandes barreras que tienen las mujeres migrantes, especialmente venezolanas, a la hora de acceder al servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo —IVE— en Colombia. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron tres organizaciones autoras del informe Uno pasa por muchas cosas, que detalla otros impedimentos que tiene esta comunidad a la hora de buscar un aborto seguro.

El documento, elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; la fundación Oriéntame y Médicos del Mundo, señala también otros problemas de acceso que tienen las mujeres migrantes de clases media y baja a otros mecanismos de salud sexual y reproductiva, como la atención del embarazo y el parto, métodos anticonceptivos y la autonomía reproductiva.

En ese sentido Juliana Martínez, integrante del movimiento Causa Justa, describió en diálogo con Infobae Colombia otros impedimentos de este grupo poblacional asentado en el país por la crisis económica y política del régimen venezolano.

“Hay que diferenciar que las que viven mayores barreras de acceso son las migrantes irregulares (...) pero aparte de eso hay otras condiciones, por ejemplo el desequilibrio en el mercado laboral, todos los estereotipos que existen sobre las migrantes y la discriminación”, apuntó Martínez, siendo estos otros motivos para que estas mujeres tengan más problemas de acceso a una IVE a comparación de las colombianas que, incluso, también tienen problemas con estos servicios.

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El informe precisa que la mayoría de mujeres consultadas manifestaron desconocer el marco legal del aborto en Colombia, especialmente la sentencia C-355 de 2006 (vigente para el momento en que se realizó la investigación) así como la obligación que tiene el Estado en atender este servicio de forma gratuita y sin discriminación. Martínez manifestó al respecto que esto configura una barrera de base para la población femenina migrante y tiene que ver con la diferencia que hay de los marcos normativos de Venezuela y Colombia respecto de este tema.

“En Venezuela el aborto es legal cuando pone en riesgo la vida de la mujer; de lo contrario está penalizado. Con esa información que ellas traen desde Venezuela les es informado que en Colombia el aborto es un derecho hasta la semana 24 y posterior a ella, con las tres causales”; sin embargo, no siempre les es informado en detalle el marco legal de Colombia. Esto, de acuerdo con la también representante de La Mesa por la Vida, genera desinformación sobre los derechos que tienen ellas en este país, aumentando sus temores a la hora de acercarse a las entidades encargadas por miedo a que sean deportadas.

“Eso también hace que haya una mayor distancia entre ellas y la institucionalidad”, apunta. Otro miedo infundado en ellas es que puedan ser encarceladas por su condición de migrantes irregulares, motivo por el cual no acuden a la red hospitalaria quedando expuestas a la realización de abortos clandestinos o el consumo de medicamentos adulterados o costosos. La conservación de la intimidad es otra barrera que tienen las migrantes en tránsito y caminantes, así como la interferencia de sus parejas y otros familiares al momento de acceder a una IVE o cualquier servicio de salud sexual.

La solicitud de documentación adicional para mujeres migrantes, especialmente irregulares, es otro de los impedimentos para que ellas sean reacias a la práctica del aborto por vía legal, pues estos requerimientos darían cuenta de su condición y serían inducidas a la primera barrera. Incluso, detallan testimonios de mujeres que fueron abusadas sexualmente y que, por miedo a la exclusión, ataques de xenofobia y rechazo, prefieren callar.

El informe señala en este aspecto que “en Venezuela existen dificultades para obtener documentos de identidad, a lo que se suma que, durante el proceso migratorio, las personas migrantes pueden perderlos, se los pueden robar o, en situaciones de explotación, se los pueden retener, lo que entorpece no solamente los trámites de identificación en Colombia, sino que también perjudica los ingresos a urgencias y a otros servicios de salud”. De paso, las migrantes saben que su atención no está asegurada en urgencias por su condición, de manera que prefieren no asistir. Por otro pago, a las instituciones prestadoras de salud les preocupa que ellas no paguen el valor de las consultas.

En relación con los abortos clandestinos producto al miedo al rechazo o la dilación de sus procesos (problema también existente), Martínez afirmó a este medio que “una mujer en una de las entrevistas mencionó las dificultades de acceso que hay en Venezuela y cómo se prestaban para lo que ella llamó ‘la carnicería’ y la diferencia entre los precios del Misoprostol en Venezuela y cómo está en el mercado en ese país.”

En sus testimonios, varias mujeres narraron que padecieron maltrato, violencia y discriminación, pues sintieron que fue priorizado el trato a mujeres colombianas en los centros de salud donde solicitaron atención relacionada con su salud. Sumado a eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que hay trabas en los servicios por razones de estereotipos y limitaciones al derecho de la autonomía de las pacientes para decidir sobre sus cuerpos, lo cual “presenta formas particulares en niñas y adolescentes con discapacidad y pertenecientes a comunidades indígenas”.

También se identificaron fallas administrativas en la prestación de servicios de salud, sobre todo durante la pandemia (2020-2021), época en que muchas migrantes irregulares tuvieron problemas para trasladarse a zonas alejadas de sus residencias para acceder a una IVE, condición que más grave si se tiene en cuenta la crisis socioeconómica y su mayor impacto en migrantes.

Debido a estas barreras y las que se desprenden de ellas (como las relacionadas con el acceso a mecanismos de salud sexual y reproductiva), las vulneraciones a los derechos humanos no solo ocurren sobre las mujeres migrantes irregulares y caminantes, sino también a niñas y personas con identidades no binarias y hombres trans. De ahí la importancia de la consolidación de una política pública en Colombia para el acceso igualitario de mujeres con nacionalidad colombiana, migrantes y caminantes de otros países.

“Cuando hablo que (el informe) sea insumo para una política pública también me refiero a que este informe debe ser una herramienta para la incidencia no solo de la Mesa, sino también de las organizaciones locales en cada uno de estos territorios (...) Este es un informe para la incidencia: ni los datos son inventados y tampoco las historias de vida”, indicó la vocera de Causa Justa, haciendo mención a Cúcuta, Bogotá, Soacha e Ipiales (Nariño), regiones donde se centró el documento para el análisis de casos.

Bajo ese escenario, el llamado general que desde las organizaciones autoras del documento le hacen al gobierno del presidente Gustavo Petro es que haya prontitud para la creación de mecanismos que den cumplimiento a la sentencia C-055 de 2022 proferida por la Corte Constitucional y donde define que las mujeres pueden acceder a una IVE legal y segura hasta la semana 24 de gestación. Después de este periodo, podrá hacerlo bajo las 3 causales de la sentencia de 2006.

“Si no se soluciona el acceso de las mujeres a la anticoncepción, pues no habrá forma de evitar embarazos no deseados, entonces hay que empatar esos puntos entre los distintos mecanismos de salud sexual y reproductiva. El llamado, claramente, es a superar todas las barreras de acceso”, señaló Juliana Martínez a este medio.

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