Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-055 de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la circular 044 de septiembre del presente año.
La sentencia modifica el artículo 122 del Código Penal despenalizando el aborto cuando se realiza hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales despenalizadas en el año 2006 sin límite de gestación.
El pronunciamiento de la Corte mantiene la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo sin límite de gestación, conservando las tres causales despenalizadas, esto es: cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto que haga inviable la vida, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación no consentida.
En este orden de ideas, la circular da alcance a lo ordenado en la Sentencia C-055 de 2022 que exige al Congreso de la República y al Gobierno Nacional, para que “en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral –incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso–, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, descritos en esta providencia y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías […], sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la Sentencia”.
Johana Barbosa, directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social indica que con esto “se garantiza de forma segura a todas las mujeres del territorio nacional el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación y por supuesto en las tres causales despenalizadas de aborto desde el año 2006″
Además declaró que “el objetivo principal de esta circular es prevenir y reducir al máximo complicaciones y muertes en mujeres por el acceso a sitios clandestinos en los que se practican abortos sin garantizar las condiciones de seguridad y por supuesto las condiciones de habilitación y de calidad vigentes en nuestro país. Para esta cartera del gobierno nacional es de vital importancia, además de esta medida seguir fortaleciendo todas las estrategias en materia de salud pública específicamente promoción y prevención y ante todo de educación para la salud enfocada al ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva en nuestros adolescentes jóvenes y adultos en el marco del goce efectivo del derecho a la salud”, enfatizó la funcionaria.
En la circular, el Ministerio de Salud y protección social de Colombia, envía las instrucciones para fortalecer el acceso efectivo de las mujeres a la atención integral en salud sexual y reproductiva establecida en la Ruta Integral de Atención en Salud Materno - Perinatal, atendiendo a lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-055 de 2022.
Esta ruta está centrada en las mujeres embarazadas y personas con capacidad de gestar, su gestación, su familia y comunidades, respetando opciones, cultura, contexto social y las necesidades específicas individuales, “buscando apuntar a una atención más segura y de calidad de una manera eficaz, eficiente y equitativa”, según lo indica el Ministerio de Salud.
En este sentido el Ministerio de Salud modificó la Resolución 276 de 2019, 229 de 2020 y el documento de la “Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, e impartió la obligación de “la implementación de las intervenciones dirigidas a las personas, familias y comunidades, que permitan el acceso a información sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, atendiendo el alcance definido por la Corte Constitucional de mantener las intervenciones dirigidas a identificar, prevenir y actuar frente a la violencia física y sexual, garantizando el acceso a los servicios dispuestos para su atención, buscando la reducción del número de embarazos no deseados y el aborto inseguro”.
Las mujeres han dado una larga pelea por lograr un aborto seguro y reducir las muertes de las gestantes en sitios clandestinos, además de contar con el respaldo del Gobierno Nacional para hacer efectivos sus derechos.
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