Hasta hoy han pasado 8.451 días desde el asesinato de Jaime Garzón, uno de los humoristas y periodistas más influyentes de la historia reciente de Colombia y la impunidad sigue ahí: presente y latente. El homicidio de Garzón se produjo en un semáforo del barrio de Quinta Paredes en la localidad de Teusaquillo de Bogotá, sobre las 6 de la mañana del viernes 13 de agosto de 1999.
La muerte de Jaime Garzón, que marcó un antes y un después en la libertad de expresión y dejó un hueco irreparable en el humor nacional, se produjo en medio de un exterminio sistemático contra figuras académicas, periodistas críticos del establecimiento, defensores de derechos humanos y políticos alternativos perseguidos por grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado, una táctica que se fortaleció en la década de los 90.
Desde el mismo momento en que dos sicarios de la banda La Terraza recibieron la orden por parte de Carlos Castaño de acabar con la vida de Jaime Garzón, el caso para esclarecer los hechos ha sufrido varios inconvenientes, desde la desviación de la investigación hasta el ocultamiento de pruebas y pistas.
Para Alfredo Garzón Forero, hermano de la víctima, “lo que sucedió es que el crimen de Jaime fue planeado, ejecutado y después desviado por el grupo que se unió para cometerlo: altos mandos del Ejército Nacional que son los que le dieron la orden a Carlos Castaño, quien se la dio a ‘Don Berna’, quien a su vez le dio la orden a la banda de La Terraza”, le dijo a La FM el 13 de agosto de 2019 cuando se cumplieron 20 años del homicidio.
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El pasado 26 de septiembre se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le hicieron, en calidad de representantes de las víctimas, en 2011, para estudiar el asesinato del periodista crítico.
Desde que instauraron la petición, las organizaciones han insistido en que dada la sustancial impunidad en que se mantienen los hechos es necesario un pronunciamiento de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano.
Precisamente, Infobae Colombia habló con Moisés David Meza, coordinador de litigio internacional de la CCJ y abogado que lleva el caso de Jaime Garzón, sobre la decisión adoptada por la CIDH. Para Meza, la justicia de Colombia no ha realizado una investigación seria, completa, diligente, y por esa razón, debe entrar el organismo internacional a estudiar la responsabilidad del Estado colombiano en el homicidio del humorista.
“Con esta decisión la CIDH le manda un mensaje a la institucionalidad de que no ha hecho lo suficiente para esclarecer el asesinato de Jaime Garzón. Le está diciendo que se cometieron grandes errores durante la investigación. La comisión declara que no habido un trabajo a fondo a nivel nacional”.
La Comisión Interamericana solo puede entrar a revisar este tipo de casos cuando considera que los Estados no han realizado nada a nivel interno. “En ese sentido, el mensaje de la CIDH es claro, ‘voy a entrar a estudiar el caso porque puedo ver que no se avanzó'”, le dijo el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas a este medio de comunicación.
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En su decisión, la CIDH señaló que si bien se han producido investigaciones penales y decisiones contencioso administrativas, han transcurrido 23 años desde el momento del crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables de su asesinato, “ni mucho menos, indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil”.
Este organismo internacional tiene la potestad de denunciar a los estados, en este caso al colombiano, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorteIDH), tribunal que tiene la capacidad de emitir órdenes.
La Comisión Colombiana de Juristas es la encargada de representar a la excompañera sentimental del humorista, Gloria Cecilia Hernández, que tres años después del asesinato tuvo que salir de Colombia para poder sobrevivir emocionalmente a la pérdida de Jaime Garzón.
Ahora, el proceso entra en una etapa que se conoce ‘de fondo’ en la que la CIDH estudiará el caso a profundidad y va a determinar si el Estado colombiano es responsable o no del asesinato del periodista.
Para el abogado Moisés David Meza, “en esta etapa tenemos seis meses para presentar nuestros alegatos, en ellos insistiremos en la responsabilidad del Estado. No creemos que en menos de un año la CIDH haya tomado un decisión, hay muchos factores que impiden determinar el tiempo en este tipo de diligencias”, aseguró.
Después de escuchar cada una de las partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá que expedir su informe de fondo, en el que va a determinar quien tiene la razón en el caso de Jaime Garzón.
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La entidad encargada de la defensa del Estado en este caso es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para el represente de las víctimas, la nación, de ser encontrada culpable por la CIDH, puede tener varias consecuencias, entre ellas, “la de hacer una manifestación a la comunidad internacional a cerca de los incumplimientos del Estado colombiano frente a sus obligaciones internacionales, particularmente en la protección y garantía de los derechos humanos de Jaime Garzón y de sus familiares”.
Por otro lado, Moisés David Meza destacó también que:
“La CIDH puede ordenar una serie de recomendaciones al Estado para que intente remediar esta situación e impulsar los procesos penales que están pendientes en el caso de Jaime, de igual forma, determinar una serie de reparaciones a favor de la familia, más allá de lo económico”.
Para el abogado, este punto de reparación integral es importante para que los familiares puedan sentirse satisfechos a cerca de la reparación de los derechos vulnerados. “De igual forma, la CIDH puede recomendar una serie de medidas de garantías de no repetición, de rehabilitación, para que precisamente intente solventar esta situación en la falta de protección a los familiares”, indicó el profesional de la CCJ.
Aunque advirtió que si el Estado colombiano no tiene la voluntad, ni las iniciativas de cumplir con las recomendaciones realizadas de la CIDH y no ve un avance suficiente, “la Comisión Interamericana tiene la potestad de llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional y ahí podrá ser condenado el Estado, ya por un órgano judicial”.
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Han pasado más de 20 años desde el homicidio de Jaime Garzón y sus familiares, amigos y seguidores siguen insistiendo en que la impunidad es total. En eso concuerda el abogado de la CCJ.
“Desde la materialización misma del homicidio, recordemos que las personas encargadas de cometer el crimen fueron asesinados por el mismo grupo paramilitar que cometió el hecho. Eso ocurrió en el mismo momento del asesinato. Durante mucho tiempo la investigación de Jaime estuvo detenida, inclusive, se tomó el asesinato de estas personas para desviar la investigación. Digamos que en término generales, la gran deuda que tiene el Estado colombiano es la participación de integrantes de la Fuerza Militar en asocio con el miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad”.
Las responsabilidades de José Miguel Narváez y Jorge Eliécer Plazas Acevedo
En una sentencia condenatoria del 13 de agosto de 2018 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Miguel Narváez, subdirector del extinto DAS, en calidad de determinador del delito de homicidio agravado, con una pena de 30 años de prisión y multa de 500 salarios mínimos legales mensuales.
Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desestimó las pretensiones de José Miguel Narváez de acogerse a esta justicia, siendo el uno de los responsables del crimen que acabó con la vida del abogado y humorista Jaime Garzón.
“El señor NARVÁEZ MARTÍNEZ continuó con su actitud omisiva en los ajustes de CCCP que presentó el 13 de julio de 2020. En su segunda intervención, no hizo ninguna alusión al homicidio de Manuel Cepeda y se limitó a identificar algunas verdades que aportaría sobre el manejo del DAS y el proceso por la muerte del periodista Jaime Garzón Forero. Solo hasta el recurso de apelación, el solicitante se refirió a la investigación del crimen de lesa humanidad en contra de Manuel Cepeda, para indicar que es inocente y debe extendérsele la absolución que recibió Carlos Castaño por ese delito”, sentenció la JEP, dando así por desestimadas las pretensiones de Narváez.
Para Moisés David Mezam la decisión de la JEP es acorde a la realidad. “Vemos que José Miguel Narváez lo que ha hecho es intentar eludir la justicia y no aportar verdad del caso, entonces, sin duda, en términos de justicia, pues es una decisión acorde a lo que está presentando este señor y que en esa razón, pues, ahora entrará a la Fiscalía General de la Nación a retomar el caso y hacer las investigaciones correspondientes”, le confirmó a Infobae Colombia.
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En el comunicado conjunto del Cajar y la CCJ se advierte que “las víctimas se encuentran acreditadas ante la JEP; dado que no existe un macrocaso en el que se inscriba el homicidio de Jaime Garzón, su participación se ha dado ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que conoció los sometimientos de Jorge Eliécer Plazas Acevedo, excoronel del Ejército, y José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del DAS. Ninguno ha realizado aportes significativos a la verdad”.
Han transcurrido 23 años sin que se hayan identificado, juzgado y sancionado a la totalidad de los responsables, sobre todo a los posibles responsables intelectuales. Por lo que, a la fecha, existe impunidad parcial, y un evidente retardo injustificado para esclarecer el asesinato de Jaime Garzón.
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