Gustavo Petro anunció que María Valencia Gaitán, nieta de Jorge Eliécer Gaitán, será la nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica

Para este domingo quedó programada la instalación de dos instancias que son encargadas de hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). El presidente de la República, Gustavo Petro, desde el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, en medio de ello, anunció a María Valencia Gaitán, nieta de Jorge Eliécer Gaitán, como la nueva directoria del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“Hemos designado como directora de ese centro a María Valencia Gaitán, la nieta de Jorge Eliécer Gaitán. Creo que es una persona adecuada, como víctima que es quizás del proceso inicial de la violencia que nos tiene aquí, reunidos, y por sus dotes académicos para conducir ese Centro Nacional de la Memoria, los procesos de memoria histórica, lo que significa en el fondo la verdad dentro de un conflicto”, comentó el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio del evento.

Valencia, de acuerdo con lo que detalla su biografía, es arquitecta de la Universidad de los Andes. Tiene a su nombre posgrados y una investigación doctoral en arquitectura en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y la Escuela de Arquitectura de Villemin. Así mismo, tiene especializaciones en Artes Gráficas¸ Escenográficas y Visuales en Colombia, Estados Unidos, Francia e India. A su nombre tiene documentales como ‘¡Gaitán sí!’, del 1998, y ‘9 de abril de 1948′, de 2001.

Gustavo Petro realizó el evento luego de que, durante el gobierno anterior, de Iván Duque, no se abriera espacio para ello. “El gobierno anterior definió que ese era un organismo asesor y no de Estado, como lo define la ley; solo la convocó para responder a la presión internacional, sobre todo a los constantes llamados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para cumplir con una orden impartida por la JEP”, explicó a El Espectador, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“La respuesta del Gobierno siempre fue decir que tenía el Plan de Acción de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, el PAO, pero esa era una acción de gobierno, no una política de Estado concertada con las organizaciones civiles”, añadió.

Estas dos instancias juegan un papel importante en la implementación del acuerdo y el tránsito, pues, tal y como lo especifica el documento, la CSIVI, es la instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC “encargada del seguimiento, impulso y verificación conjunta de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y de la resolución de las diferencias que puedan surgir entre las partes firmantes del mencionado Acuerdo”.

“El diseño y el seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, destaca el archivo.

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