Durante parte del día viernes, en las instalaciones del Congreso de la República se desarrolló la audiencia pública ¿Cómo acelerar la indemnización de las víctimas del conflicto en Colombia. Su objetivo era esencialmente evaluar la reparación que han tenido las víctimas del conflicto armado reconocidas por el Estado y cuáles serían los mecanismos para garantizar un indemnización en los años siguientes. Sin embargo, las conclusiones no fueron nada alentadoras para quienes serían los principales beneficiados.
Por medio de un comunicado, las curules de paz, que representan a las víctimas en el Congreso, establecieron dos decisiones respecto a su posición frente a la fijación presupuestal para el año 2023. Primero, confirmaron ante los congresistas y al gobierno Nacional que no votarán a favor para la aprobación de la reforma tributaria. Además, solicitaron de manera vehemente al gobierno Nacional, principalmente al Ministerio de Hacienda y al presidente Gustavo Petro, un aumento presupuestal para la indemnización de las víctimas.
“Dijeron que esperan este compromiso del gobierno Nacional para votar el proyecto de presupuesto que se someterá a votación del Congreso la próxima semana. Los representantes señalaron que se establezca una regla que otorgue prioridad al pago de las indemnizaciones administrativas de las víctimas procedentes de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que han sido los más afectados por el conflicto”, señaló la Bancada de Paz en su comunicado.
Según lo resaltó el comunicado firmado por las curules de Paz, el presupuesto que se fijó para las indemnizaciones de las víctimas para el próximo año, es de 1.2 billones de pesos. Esta suma fue la presentada por el anterior gobierno.
Para los congresistas que representan a las víctimas es insostenible y difícil de explicar cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende destinar el mismo rubro que fue propuesto por el gobierno del expresidente Iván Duque, aun cuando este gobierno se muestra como uno diferente y que pone en el centro a las víctimas del conflicto. Esta es una situación que calificaron como inexplicable.
“Los congresistas revelaron que en el presupuesto que se discute actualmente se asignó una partida igual a la de la vigencia fiscal del 2021 y a la que propuso el expresidente Iván Duque en el proyecto que presentó en julio. (...) Los representantes anunciaron que bajo el deber de representar los intereses de las víctimas, no podrían explicarles cómo el presupuesto que se destina es igual a la del gobierno de anterior, si estamos en un gobierno distinto que se ha comprometido con la paz y con las víctimas”, aseguró la Bancada en su comunicado.
El proyecto de presupuesto nacional se someterá a aprobación la siguiente semana, por lo que el apoyo que este reciba por la mayoría de los congresistas es determinante para su entrada en vigencia y el giro a las diferentes carteras para su funcionamiento. Según el documento radicado en el Congreso de la República, el presupuesto que se tendrá para el funcionamiento del Estado es de 405 billones de pesos.
La posición adoptada por las curules de paz es votar negativamente a la aprobación de este proyecto, en caso de no tener un aumento para la indemnización de las víctimas.
“Las curules especiales de paz anunciaron que no votarían el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2023, si no se incluye una adición presupuestal para la indemnización de víctimas”, añade el comunicado.
Del total de la cifra presentada por el gobierno, las carteras que tuvieron un aumento importante fueron el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, mientras que el Ministerio de Defensa tuvo un recorte presupuestal.
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