El Ministro de Justicia y el Derecho, Néstor Iván Osuna, fue invitado a participar en el XXIV Encuentro Todos Somos Jurisdicción Constitucional, evento organizado por la Corte Constitucional y desarrollado en la ciudad de Villa de Leyva. Desde allí, el ministro reiteró en algunas propuestas que ya ha manifestado públicamente, como el cambio a la implementación de la justicia restaurativa, el aumento en el número de jueces a nivel nacional. Sin embargo, hubo una nueva iniciativa que expuso, misma que según afirmó, estaría dispuesto a llevar al Congreso de la República para que sea debatida.
El ministro Osuna anunció que su compromiso, mientras esté al mando de esta cartera, será proponer cierto tipo de reformas para despenalizar algunas conductas que, para este gobierno, resultan “innecesariamente delictivas”.
“Descriminalizar algunas conductas que son, a nuestro modo de ver, las cosas innecesariamente delictivas. Ampliar el principio de oportunidad, el principio de medicación y otra forma de aceptación anticipada de cargos”, señaló el ministro de Justicia y el Derecho.
En este sentido, afirmó que esta reforma estaría encaminada a brindar oportunidades de negociación, sin que existan mayores obstáculos. Con esto anunció que espera pasar una iniciativa ante el Congreso para que no haya una imputación de los cargos de concierto para delinquir y terrorismo, para las personas que sean detenidas en el marco de las protestas sociales.
“Una pequeña reforma legal para eliminar la penalización de la protesta social, eso es algo que nos ha preocupado mucho. Es cierto que, a veces, la criminalización de la protesta viene por la forma como un juez o un fiscal interpreta la conducta que cometieron quienes protestaron, pero el asunto se ha tornado tan grave y tan contrario a compromisos internacionales de Colombia que creemos que es importante hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social”, sostuvo el ministro Néstor Osuna.
El jefe de la Cartera de Justicia y el Derecho, de la mano de este gobierno, considera que este tipo de conductas no deberían estar regidas y supervisadas desde un enfoque penal del derecho, sino que se debería hacer desde otros mecanismos que existen dentro de la rama de la abogacía.
Las situaciones puntuales a las que el jefe de la cartera de Justicia y el Derecho se refirió, tuvieron que ver con la asistencia alimentaria, o en la emisión ilegal de cheques, impedimento y perturbación de celebración de audiencia pública. Según aseguró el alto funcionario del gobierno, estos son delitos consagrados en el código penal que deberían ser eliminados, entendiendo que no toda agresión a los derechos debe ser castigada bajo el derecho penal, sino que pueden existir otras alternativas para proteger los derechos.
Sin embargo, para hacerle frente a la comisión de estos delitos, algunos considerados como delitos menores, el ministro asegura que la apuesta de este gobierno es impugnar sanciones pedagógicas o de prestación de servicios sociales.
“Vamos a apostarle a penas no privativas de libertad, como penas principales. Para una buena parte de delitos hemos pensado en la pena de prestación de servicios de utilidad pública, como una pena sustitutiva de la prisión”, indicó el ministro de Justicia y el Derecho.
Tanto el Ministerio de Justicia, como el propio presidente, Gustavo Petro, han manifestado que el interés de estas reformas es descongestionar las cárceles del país e implementar una justicia con enfoque restaurativo y no penal. Frente a esta iniciativa que demuestra el gobierno Nacional con este anuncio, tendría que presentar un acto legislativo que reforme el código penal y que cuente con el visto bueno de la Corte Constitucional.
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