Recientemente el Consejo de Estado, mediante la Sala de Contencioso Administrativo señaló que el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Policía Nacional de Colombia, deberá pagar a Salamanca Oleaginosas S.A. $450 millones por afectar 8 mil plantas de cera al fumigarlas con glifosato que se adelantó en Tumaco, Nariño, en el 2011.
El documento de la sentencia del Consejo de Estado señala que “se confirma la decisión de anular los actos demandados que negaron la compensación económica según el procedimiento previsto en la Resolución 008 de 2007 del Consejo Nacional de Estupefacientes, y se condena al pago de la compensación prevista en la citada resolución”.
El Consejo señaló la nulidad del acto administrativo contenido en el cual el el jefe del área de erradicación de cultivos ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, se negaba al reconocimiento de compensación económica por la demanda interpuesta por Salamanca Oleaginosas S.A.
También, señaló los montos a pagar por parte de la Policía Nacional por la afectación de este cultivo; el primer concepto es el valor de instalación de la cosecha del “año tres de producción” de plantas de cera por un valor de doscientos cuarenta millones doscientos ochenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos, con tres centavos ($240,280.834,03).
El segundo concepto es por la cosecha “del año tres” de la producción de las 72 hectáreas o también 432 toneladas de aceite, lo que representa cincuenta y ocho millones de pesos ($58.000.000), entre otros conceptos que da un total de $450 millones.
Cabe señalar que en primera instancia, el Tribunal Administrativo concedió a la compensación exigida por la empresa, pues se logró demostrar que no habían cultivos ilícitos en esa plantación de cera. A pesar de la apelación de la Policía sobre estas pretensiones, finalmente, en segunda instancia el Consejo de Estado ratificó la sentencia a favor de los afectados.
Sobre las aspersiones de cultivos ilícitos por glifosato, la Corte Constitucional en varias oportunidades (desde 2015) a detenido la aspersión área de glifosato, utilizado para erradicar los cultivos ilícitos de coca en el país.
En el mes de enero, la Corte tumbó las pretensiones del el gobierno del expresidente Iván Duque que quería revivir esta modalidad de erradicación de hoja de coca, como parte de la estrategia para compartir el narcotráfico en el país.
La Corte reconoció “los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, a la consulta previa y de acceso a la información de los demandantes”, ante la posible reanudación de esta técnica de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, suspendida desde 2015.
Para volver a esa estrategia, en ese entonces, la Policía Nacional Había presentado un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el fin de evitar la afectación del glifosato a comunidades minoritarias en las zonas donde se siembra la planta de coca. Además de una consulta previa de las comunidades indígenas de esas áreas para llevar a cabo estas operaciones.
Duque en su momento mostró su preocupación frente a la decisión. “El narcotráfico es el que financia muchos de los grupos armados ilegales que atentan contra el pueblo colombiano - explicó el mandatario -. Enfrentarlo es un deber moral, nosotros no podemos dejar que el narcotráfico pertreche a Colombia y lo seguiremos enfrentando con toda la determinación”.
Y añadió “Quiero hacer una reflexión pensando en el país: nosotros tenemos que enfrentar el fenómeno del narcotráfico con todas las herramientas que tengamos a disposición”.
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