Lo que sigue para que el Acuerdo de Escazú se convierta en ley

La iniciativa que contempla una serie de herramientas para el acceso a información ambiental y la participación pública en proceso de toma de decisiones fue aprobado en tercer debate en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes

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La iniciativa que contempla una serie de herramientas para el acceso a información ambiental y la participación pública en proceso de toma de decisiones fue aprobado en tercer debate en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Foto: Juan Camilo Díaz

Este miércoles 28 de septiembre, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú, que contempla una serie de herramientas para el acceso a información ambiental y la participación pública en proceso de toma de decisiones, quedando en manos de la Plenaria de la Cámara su ratificación.

Con 14 votos a favor y tres en contra, el proyecto de Ley 109 de 2022, que es considerado como la iniciativa pionera en establecer disposiciones específicas sobre la protección de los defensores ambientales y que fue firmado durante el Gobierno de Iván Duque en 2019, fue aprobado en tercer debate, con lo que solo necesitaría el visto bueno de la plenaria para su implementación.

“¿Cuál es la mentalidad que tenemos que cambiar? El desarrollo debe ser en acuerdo, en concertación social, no puede ser una imposición; que el territorio no es una mancha en un mapa, que allí hay gente, que allí hay ecosistemas, que allí hay vida y que hay que trabajar conjuntamente”, señaló la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien señaló que este acuerdo le dará poder público a la sociedad.

El Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado por 13 países, dentro de los que se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, deberá esperar ocho días después de la votación en la plenaria para su conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes antes de pasar a sanción presidencial.

A su vez, el Gobierno nacional consideró fundamental reactivar la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, un espacio que contribuirá la articulación con las carteras firmantes del proyecto de Ley del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“Para avanzar hacia la protección de estos derechos, para cumplir la promesa que hay en nuestra Constitución en torno a la importancia de la participación ciudadana y el vivir en un medio ambiente sano”, destacó por su parte el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Francisco Canal, frente a la ratificación de este acuerdo que fue dilatada durante el Gobierno de Iván Duque, a pesar de su compromiso con los sectores ambientales en el país.

El trámite del Acuerdo de Escazú comenzó en el Congreso en el 2021; sin embargo, luego de varias dilaciones y obstrucciones por parte de miembros de la coalición del gobierno de Iván Duque, el acuerdo no alcanzó su ratificación, no obstante, con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, el trámite se agilizó en el legislativo, alcanzando su aprobación en un tercer debate.

“Que el Congreso dé hoy un paso más para ratificar el Acuerdo de Escazú es una gran noticia para el país y América Latina. Colombia no será nunca más un espectador ante la crisis climática sino el protagonista de un nuevo momento para impedir la extinción de la humanidad”, señaló el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.

Por otra parte, una de las críticas de este proyecto de Ley, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, indicó que con esta aprobación Colombia estaba, supuestamente en “camino a la destrucción de la soberanía jurídica y la autonomía de nuestro país para avanzar como nación. Los progres allanan el camino, para quedar dependientes de la narcodictadura de Maduro”.

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