Recientemente se conoció que un Juez Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá ordenó revertir la decisión en la que la Fiscalía ocupar para extinción de dominio de un apartamento a nombre del embajador del Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en un proceso que estaba en la Corte Suprema y ahora pasó a la Fiscalía.
El apartamento del embajador esta avaluado en $1.600 millones que se encuentra en un alto estrato de la capital colombiano (Bogotá)
Dirección Especializada del Derecho de Extinción de Dominio tomó la decisión, junto con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que lleva la investigación de Armando Benedetti, bajo la premisa que se estaba afectando el derecho del embajador a la propiedad sobre el predio, por lo que el funcionario podrá seguir utilizándola hasta que se aclare esta situación.
El fallo tumba las medidas cautelares calificándolas de ilegales y señalando que “los derechos de todo ciudadano deben ser protegidos de posibles excesos judiciales, sin distinción alguna de rango o título”.
Además, el mismo fallo señala que no es viable seguir con las medidas de extensión de dominio sobre el inmueble del embajador que se 4encuentra en el norte de Bogotá.
“No resultan necesarias, razonables y proporcionales en los términos que adujo la Fiscalía, en otras palabras no se encuentra que la motivación presentada dé claridad sobre el cumplimiento de los fines de la limitación, motivo por el que (...) se declarará la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas a ese predio”, se lee en el documento.
Investigación de Benedetti por lavado de activos
El proceso en contra del embajador inició el pasado mes de marzo por su declaración de renta que presentó ante la DIAN. Según la Corte, al hacer el cruce de gastos, inversiones y compras, la suma de dinero no es proporcional con los recursos que adquiere como senador de la República.
“A partir del análisis del flujo de efectivo real del señor Armando Benedetti tiene por justificar $2.919.809.595 que no provienen de su actividad económica”, explicó la Corte Suprema, teniendo en cuenta que el senador reportó como única actividad económica el ser asalariado. Estas irregularidades en su patrimonio comienzan desde el 2002.
Tras la citación de la Corte Suprema, Armando Benedetti reaccionó al respecto en su cuenta de Twitter. “Hace 1 año me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito. Como no hubo ni un testigo ni una prueba, cambian el delito sin justificación ¿eso no es persecución? No me están investigando, están buscando un delito. Llevo 7 investigaciones, 300 testigos y nada que me sueltan”, escribió el senador.
A su vez, indicó que el pasado 10 de diciembre le solicitó a Lombana que la ampliación de su indagatoria se dieran después de que fueran ordenadas todas las pruebas en su defensa. “Iré a la Corte con mi defensor para revisar si ya se ordenaron mis pruebas”, agregó.
Por otro lado, el congresista ha manifestado en ocasiones anteriores que la magistrada del caso no ha tenido en cuenta los préstamos y los beneficios de extensiones que tiene. “Yo por ser legislador tengo un código, que es el 8411, un código ante la DIAN, por mi actividad económica, pero, ¿sabe con base en qué me hicieron el estudio? Con el 0010 que es el del asalariado”, comentó Benedetti, según Blu Radio.
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