Siguen las denuncias emitidas desde la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, Asocoldro, sobre las presuntas irregularidades en las diligencias de actas de inspección vigilancia y control de droguerías y farmacias en varias ciudades del país, pero la polémica suscita por un requerimiento que estaría haciendo la Secretaría de Salud de Bogotá, donde estarían obligando a que los domiciliarios también fueran profesionales en estos temas farmacológicos. Al parecer esto se vendría presentando desde finales del 2021, por lo que la asociación está pidiendo que se replantee está determinación, siendo esta inviable para los negocios y para muchos trabajadores qué se dedican a estas labores que por supuesto podrían perder su trabajo.
Según las denuncias de Asocoldro el distrito estaría sancionado y multando aquellas farmacias que no cumplan con este requisito, con sanciones que van desde el decomiso de las mercancías, hasta el cierre de los establecimientos, esto mientras se realizan las respectivas investigaciones; por eso, la directora ejecutiva de la agremiación, Bibiana Bueno, ha emitido estás alertas señalando que además de ser inviables estaría significando un sobre paso de sus funciones por parte de la secretaría de salud:
“Eso es absolutamente inviable, además que esto podría generar un impacto de desempleoabilidad en Bogotá de alto nivel, y sumado a eso, todo esto se va a ver reflejado en los costos de los medicamentos, pues este tipo de personal contratado directamente, con la condición que sea un profesional de la salud, para entregar un medicamento en el domicilio; no estamos hablando de la dispensación, porque la dispensación como tal si la tiene que hacer un profesional de la salud se llama: regente de farmacia, se llama químico farmacéutico, pero, la entrega es absolutamente incoherente y la secretaría de salud pretende hacer esta exigencia”, aseguró en diálogo con Caracol Radio.
En resumen, básicamente el requerimiento sería qué aquellos domiciliarios que entregan los fármacos en las casas, también deben ser profesionales en áreas como ingeniería química, auxiliar de farmacia, o un regente, lo que dejaría sin trabajo a cientos de miles de personas que simplemente cumplen con la función entregar estos pedidos.
Según la Secretaría de Salud de Bogotá, la medida corresponde a un mandato contemplado en el marco normativo nacional, y que aunque esto se ha dialogado con las diferentes agremiaciones, pero, no se ha llegado a un consenso sobre esta política; agrega, que la sanciones que se han tomado en distintos establecimientos de la ciudad son justificadas, mediante los procedimientos dónde se encuentran irregularidades en dichos locales, con lo que se da cumplimiento precisamente a La regulación expedida.
“Los instrumentos de inspección, vigilancia y control, que usa la entidad territorial de Bogotá, corresponden a una construcción conjunta, siempre en cumplimiento del marco normativo nacional, las cuales son del tanto del Ministerio de Salud Nacional, como del Invima (...) Nos permitimos aclarar que las mismas dan estricto cumplimento a la norma nacional. En ese sentido, los perfiles de aquellas personas que deben transportar los medicamentos, se hizo la consulta al ministerio y estamos a la espera de esa respuesta. Hasta tanto la misma no se dé, esta entidad territorial no está aplicando esta exigencia como se ha mencionado”, aseguró el subsecretario de salud pública, Manuel González, en diálogo con Semana.
La agremiación aseguró que de las más de 1300 droguerías que existen en Bogotá, al menos el 50 % tendrían una seria afectación con dichas visitas de inspección y vigilancia, agregando que dicha normatividad no está legalmente constituida, siendo esto un sobre paso de las funciones que le corresponden al distrito.
La queja, de hecho, ya fue elevada al Ministerio de Salud, que según declaró Asocoldro, le pidió al distrito cambiar la regulación, pero, hasta el momento han hecho caso omiso a la determinación nacional.
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