Este miércoles 28 de septiembre, un año después que se presentara el rompimiento de uno de los diques del río Cauca en la región de La Mojana, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó a las autoridades de gestión de riesgo adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos de los más de 63.000 damnificados por las inundaciones.
La entidad hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de desastres (Ungrd) y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo con el propósito que se implementen acciones para garantizar los derechos a la vida, salud y bienestar de las comunidades que habitan 11 municipios en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, que se han visto afectadas por el desbordamiento del segundo afluente más importante de Colombia.
“La situación que viven los pobladores no da espera, es necesario que se adopten acciones inmediatas que permitan proteger los derechos de las comunidades afectadas, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, educación, la salud y a la seguridad alimentaria”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien advirtió que las obras adelantadas en esta región al noroccidente de Colombia no han sido efectivas para mitigar las inundaciones.
A su vez, el funcionario expresó su preocupación frente la suspensión de las obras de emergencia y la falta de un plan de contingencia para enfrentar la emergencia que se presenta desde hace un año en esta región, cuando se rompieron 15 metros de dique en el sector conocido como Cara de Gato y que recurrentemente sufre inundaciones en las temporadas invernales.
De igual manera, el funcionario se refirió a la reubicación de las comunidades asentadas en La Mojana, señalando que aún no era clara la delimitación e identificación de los predios, su productividad, los cronogramas para la construcción de vivienda, servicios públicos, saneamiento básico, centro educativos y de salud, entre otros servicios.
“Sin la implementación de medidas de mitigación, la comunidad continuará siendo afectada por las filtraciones e inundaciones producto de la segunda temporada invernal del año”, indicó el funcionario frente a esta grave emergencia que afecta a miles de familias desde hace un año.
Por último, la Defensoría indicó que quien explicó que un equipo de la entidad adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos, Sucre, con organizaciones campesinas, autoridades y gremios, con el fin de analizar la problemática causada por las inundaciones y de identificar alternativas para la protección de los derechos de las comunidades.
Por su parte, la Ungrd inició en la tarde de ayer la entrega de 9.500 kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) - Alimentaria a las comunidades afectadas de la región de La Mojana: 2.800 en Sucre, 1.050 en San Benito Abad, 850 en San Marcos, 1.500 en Majagual y 1.000 en Guaranda, departamento de Sucre, así mismo, 1.000 kits serán entregados en el municipio de Ayapel y 700 en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba.
“Desde la Unidad hemos dispuesto una inversión de $1.111.500.000 para entregar asistencia alimentaria a las familias que desde hace más de un año se encuentran afectadas por la ruptura del dique en el sector conocido como Cara de Gato. Seguiremos atendiendo a las comunidades afectadas por esta emergencia hasta brindarles una solución definitiva”, concluyó el director de la Ungrd, Javier Pava Sánchez.
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