Colombia sigue entre los países más peligrosos para los ambientalistas en el mundo

El más reciente reporte publicado por Global Witness señaló que si bien el país más peligroso es México, países como Colombia, Brasil y Filipinas no se quedan atrás

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La deforestación en la Amazonía de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela entre otros, es una de las preocupaciones de los gobiernos en materia ambiental. Según Global Witness, en la medida en que la crisis climática se intensifique, los asesinatos a líderes ambientales seguirán en aumento.
La deforestación en la Amazonía de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela entre otros, es una de las preocupaciones de los gobiernos en materia ambiental. Según Global Witness, en la medida en que la crisis climática se intensifique, los asesinatos a líderes ambientales seguirán en aumento.

La vida de muchos líderes ambientales sigue bajo el ojo del huracán. Así lo destacó recientemente Global Witness, una ONG que desde el año 2012, ha venido recogiendo los datos de asesinatos a defensores del medioambiente.

Según la organización la fórmula está dada por el contexto actual. Entre más crítico es el panorama de la crisis climática, las amenazas que ponen en jaque la vida de quienes defienden el medioambiente van en escalada. En ese órden de ideas, el informe señala que el la última década 1.733 líderes ambientales han sido asesinados, lo que en otras palabras significaría un asesinato cada dos días.

Pero si bien, según ésta ONG, las principales causas de los homicidios, están vinculadas con los conflictos territoriales y la extracción de recursos naturales de la tierra, también indican que estos datos no son del todo congruentes con la magnitud del problema. “En algunos países, la situación a la que se enfrentan los defensores es difícil de evaluar: las restricciones a la libertad de prensa y la falta de supervisión independiente en muchos países a menudo conducen a la falta de informes”, explican.

Pero si bien de los datos del 2021 México es el país que encabeza la lista de más número de muertes registrando en más de tres cuartas partes los ataque registrados en dicho año, Colombia no se queda por fuera de esta realidad.

Para septiembre del mismo año según Indepaz 611 líderes ambientales habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. 332 de ellos eran indígenas, 75 afrodescendientes, 102 campesinos defensores del territorio, 25 activistas ecologistas y 77 campesinos miembros de Juntas de Acción Comunal.

Los datos coinciden con uno de los datos arrojados por Global Witness, que afirma que del total de asesinatos, un 40% se perpetúan contra miembros de comunidades indígenas, pese a que éstas comunidades representan un 5% de la población mundial.

Acuerdo de Escazú entre las soluciones

Esta realidad que ha evidenciado la necesidad continuar en la creación de políticas para luchar contra el cambio climático y temas gruesos como la deforestación y la minería ilegal, en la actualidad, se ha convertido en uno de los pilares más importantes del país que hoy se encuentra ad portas de aprobar un último debate en Plenaria de Cámara para la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El tratado internacional, que ha atravesado por un proceso de aprobación tortuoso y al que ya se han sumado 13 países, dentro de los que se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, deberá esperar ocho días después de la votación en la plenaria para su conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes antes de pasar a sanción presidencial.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente ha insistido en la importancia de su implementación pues “Colombia hoy es uno de los países del mundo con más asesinatos de defensores ambientales, quienes han buscado en los territorios información que les permita participar en el debate público”.

El acuerdo, que precisamente busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia frente a hechos que afecten al medioambiente y los derechos humanos adopta medidas concretas para la protección de los defensores ambientales, por lo que hoy es visto por algunos sectores como una posible salida ante el panorama de violencia que se presenta en varias regiones del país.

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