‌Registraduría y Consejo de Estado rechazaron propuesta de crear una Corte Electoral en Colombia

Los senadores Humberto de la Calle y Ariel Ávila propusieron un revolcón a la organización electoral en el país que modifica todas las instituciones para crear un nuevo modelo institucional a partir de una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano. Pero el proyecto no ha caído bien en las instituciones que actualmente hacen parte del andamiaje de elección política como el Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a través de pronunciamientos, rechazaron el proyecto.

La iniciativa fue radicada en el proyecto de Acto Legislativo 007 de 2022 acumulado con el PAL 15 de 2022, debido a que busca modificar la Constitución. Se votará este jueves en la Comisión Primera y los senadores autores lo han promocionado como una modificación necesaria en la institucionalidad electoral para la reforma política que radicó el gobierno nacional.

El proyecto le quita toda competencia en materia electoral a la Sección Quinta y la Sala Plena del Consejo de Estado por una supuesta “partidización y la falta de imparcialidad” de esa institución, para dejarlas a cargo de la Corte Electoral que se propone crear y que se plantea como un órgano de cierre que reunirá todas las funciones jurisdiccionales electorales.

Y aunque con esto, el proyecto busca eliminar el choque entre la jurisdicción contenciosa y el Consejo Nacional Electoral para el Consejo de Estado no lo resuelve, sino que “dificulta la delimitación de las funciones o atribuciones entre esta y los órganos de cierre ya existentes”. Además, no define cuál sería el juez competente para resolver las tutelas en contra de providencia de la nueva Corte Electoral.

“La modificación de la arquitectura institucional en materia electoral genera más dudas que certezas, pues deja sin juez competente ciertos asuntos que no serán del conocimiento de los nuevos órganos creados mediante el PAL”, señaló el Consejo en su pronunciamiento.

Para el alto tribunal, en el proyecto de ley no se hace una clara diferenciación entre proceso electoral administrativo y el contencioso, que como consecuencia genera la judicialización de las decisiones judiciales y dificulta su revisión posterior. Por ejemplo en los casos de pérdida de investidura de congresistas que conoce en primera instancia el Consejo de Estado.

Por eso, para esta institución judicial colegiada, tampoco es conveniente que los siete magistrados que conformarían la Corte Electoral sean elegidos por el Congreso, una disposición que, señala, “atenta contra la autonomía de la pretendida Jurisdicción Electoral”.

“La modificación de la arquitectura institucional en materia electoral genera más dudas que certezas, pues deja sin juez competente ciertos asuntos que no serán del conocimiento de los nuevos órganos creados mediante el PAL. Se crea una Corte Electoral con una excesiva concentración de poder y funciones. Ello generaría problemas en el funcionamiento de la democracia y, además, un déficit institucional para resolver todas las atribuciones constitucionales”, sostuvo el Consejo.

Para el alto tribunal, el proyecto está mal planteado porque no compagina las decisiones con el calendario electoral, implica un retroceso en garantías democráticas, además de una multiplicidad de funciones que va en contra del proceso de especialidad al poner a los mismos magistrados a decidir sobre sanciones disciplinarias y fiscales.

“El Consejo Electoral Colombiano, se encuentra ubicado en el Título V, Capítulo 1 de la estructura del Estado, como perteneciente a la organización electoral, y por consiguiente, entre los órganos autónomos constitucionales. Al mismo tiempo, el proyecto lo sitúa como parte de la rama judicial del poder público”, señaló el alto tribunal.

El proyecto también elimina la Registraduría Nacional para dejar sus funciones a cargo del nuevo órgano, el Consejo Electoral Colombiano, por lo que este se encargará tanto de los avales de aspirantes a elecciones, como de la organización de las elecciones, el registro, identificación y censo poblacional.

Por eso, la Registraduría tampoco apoya el proyecto y en cambio suscribió las conclusiones del Consejo de Estado. En su pronunciamiento señaló que “reduce las garantías a las organizaciones políticas, candidatos, elegidos y electores y amenaza la verdad electoral”, además de que no contempla impacto fiscal ni progresividad.

“La nueva estructura planteada concentra las competencias en materia electoral y sí presenta un riesgo de ostentar poderes desbordados que incluyen las funciones técnicas y las de vigilancia y control de la actividad política”, señaló el ente regido actualmente por Alexander Vega.

Además, señalan que el proyecto solo contempla las funciones electorales de la Registraduría dejando de lado sus funciones de registro civil. “Llevar estas funciones a un órgano eminentemente electoral pone en riesgo la custodia, manejo, control y mecanismos de defensa y seguridad nacional conexos a dicha actividad administrativa”

Además advierte que de aprobarse este proyecto, que deberá cumplir con ocho debates y podría terminar su discusión a mediados de 2023, podría poner en riesgo la estructura de elección para las elecciones locales de alcaldes y gobernadores de ese mismo año.

La Corporación Excelencia en la Justicia calificó el proyecto como un “golpe de Estado a la Rama Judicial” porque usurpa las funciones del Consejo Electoral para dejarlas a cargo, en sus palabras, de “magistrados de bolsillo” en un proceso electoral que consideran viciado por conflictos de interés. “En este sentido, tal creación, auspiciada con eventual ánimo revanchista, implica un retroceso y lesiona el Estado de Derecho”, sostuvieron.

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