Hay indignación entre los habitantes del municipio de Barbosa, en Santander, luego de que una red de veedores revelara que los concejales de este municipio se gastaron 45 millones de pesos de recursos públicos en un viaje a la isla de San Andrés, justificando que iban a una capacitación.
Imágenes y videos publicados en redes sociales por los mismos concejales revelaron que el pasado fin de semana los funcionarios públicos habían pasado días de fiesta, baile y disfute en las playas de la isla, incluso junto a sus respectivas parejas sentimentales. En los documentos oficiales se establece que 10 de los 13 concejales realizaron este viaje porque debían acudir a una jornada pedagógica sobre el reglamento interno del Concejo.
¿Por qué una capacitación en San Andrés y por qué por esa alta suma que, según los veedores y la ciudadanía, se podría invertir en mejoras para el municipio? El concejal Edwin Camacho, del partido Alianza Verde, señaló a Noticias Caracol que no se podía cambiar el sitio ni el presupuesto, pues él mismo lo planteó.
“La capacitación sí se llevó a cabo, pero era una capacitación paga por el Concejo Municipal, es decir, definitivamente no había forma de gastar el dinero en otras cosas que no fuera la capacitación porque la ley decía que era solo para bienestar social”, señaló el funcionario en su diálogo con el noticiero y aclaró que los concejales que fueron con sus parejas pagaron los gastos de viaje de estas.
A la ley que hace referencia el funcionario es precisamente al artículo 6 del Decreto 2170 de 1992 en el cual se establece que aquellos recursos públicos que provienen de las multas por sanciones impuestas por la Procuraduría a los mismos concejales se deben invertir en programas de bienestar social y capacitación de la entidad, además que no se pueden utilizar en otro gasto público.
El ‘paseo’ de los concejales -como lo califican los denunciantes- se llevó a cabo desde el día 17 y hasta el pasado martes 20 de septiembre. Según el contrato que reposa en el Concejo Municipal, la empresa encargada de realizar la jornada académica para lo concejales y de certificarlos fue la empresa Olted, Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo, con la cual se firmó el documento.
Efectivamente, el contrato de la capacitación fue pactado por un valor de $45.000.000, de los cuales el Concejo concedió $34.500.000 y la empresa mencionada anteriormente aportó los $10.500.000 restantes.
Según se lee en el contrato, citado por la revista Semana, “la Organización ha identificado que existen temas y/o materias sobre las cuales se realizan consultas recurrentes relacionadas con el funcionamiento interno y la aplicación del reglamento vigente, lo que permite evidenciar la necesidad de que los servidores públicos del Concejo se capaciten”.
A través de redes sociales se evidencia que, en efecto, los 10 concejales recibieron una capacitación y certificados de la misma; sin embargo, así como publicaron imágenes recibiendo el respectivo diploma, horas más tarde los concejales publicaron videos bailando e imágenes en la playa como si se tratara de un paseo familiar, lo que generó la indignación de veedores y ciudadanos.
Marco Cortés, veedor local, señaló a través de un video que “de ninguna manera podemos aceptar un acto tan irresponsable del Concejo, de los concejales, un contrato de capacitación teniendo a la Esap (Escuela Superior de Administración Pública) aquí a cinco minutos de Barbosa”.
Ante esto, el concejal Camacho señaló a la revista Semana que no se podía cambiar el sitio de la capacitación por la norma citada anteriormente y porque esto estaba pactado desde 2021. “Yo que soy concejal de oposición manifesté en si podíamos gastar esos dineros en donaciones o en adecuaciones del Concejo, pero solo se podía gastar en capacitaciones” señaló.
Sobre los videos de su tiempo de disfrute en la playa señaló que “no se puede pretender que alguien que no conoce el mar se quede encerrado en una habitación de hotel, hay tiempo para todo”.
Por su parte, la empresa Olted también publicó un comunicado explicando la situación y señalando que todo el desaplazamiento de los concejales y su estadía en la isla se dio de manera legal. “Aclaramos que los talleres se realizaron con total éxito, al igual que las actividades de integración y bienestar social como se demuestra con las memorias entregadas al Concejo y los videos y audios producto del Seminario”, señalaron.
A pesar de la polémica que esto ha generado, desde la Contraloría de Santander se ha informado que, por el momento, no se ha realizado ninguna denuncia formal para investigar el hecho. Sin embargo, al noticiero mencionado John Bairon Díaz, asesor para la ciudadanía de la Contraloría de Santander señaló que “procedemos inmediatamente a solicitar información al sujeto de control -que en este caso es el Concejo de Barbosa- y la Alcaldía para ver qué pasó con los recursos, por qué se invirtieron de esa forma”.
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