Más del 65% de las tierras de Colombia no se aprovecha, aseguró el Ministerio de Agricultura

A raíz de las invasiones a la propiedad privada, se ha avivado el debate de lo que será la reforma agraria, esta iniciativa que pretende una redistribución de los terrenos, ha ido aportando cifras que dan muestra de la distribución de las mismas, junto con su uso y las comunidades que son propietarias de las mismas.

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Así estarían distribuidas las tierras
Así estarían distribuidas las tierras en Colombia, según el Ministerio de Agricultura.

Desde hace semanas se está viviendo un problema por la ocupación de tierras, que son de propiedad privada, por parte de grupos campesinos, indígenas, entre otros, que incluso, según las autoridades, serían partes de grupos delincuenciales; todo esto ha avivado la polémica sobre la reforma agraria, cuyo punto neurálgico es la redistribución de tierras, que desde el gobierno nacional se ha entendido que la intención es comprarlas, pero, muchas otros son baldíos, que no se sabe cómo se usarán. Aun así, hay muchas otras hectáreas que ya están adjudicadas a ciertas comunidades y poco a poco se han dado a conocer las cifras.

Son varios conceptos que se han emitido, empezando por lo que se habló en el XII Congreso de Tecnicaña, la ministra de agricultura, Cecilia López Montaño, aseguró que efectivamente las tierras serán redistribuidas, pero, no por la fuerza, como está sucediendo en algunos departamentos como en el Cauca:

“Una prioridad de este grupo de trabajo será establecer el inventario de tierras que el Estado puede entrar a distribuir rápidamente quienes reclaman tierra para producir alimentos”.

Allí se presentó un balance donde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria aseguró que el 65,8 % de las tierras del país no se aprovechan. Claro está, la mayor parte del territorio, unos 67 millones de hectáreas, son bosques, y otros espacios son cuerpos de agua, pero, hay al menos 114 millones que son aptos para la producción de alimentos.

Esta misma cifra fue compartida por el viceministro de asuntos agropecuarios, Luis Alberto Villegas, de las cuales, 39 millones están adjudicadas a comunidades étnicas, de las cuales solo 3 millones tienen potencial para la producción de alimentos, el resto son áreas protegidas y/o de especial importancia ecológica.

Los datos que además presentan otras entidades territoriales estiman que de esos terrenos adjudicados, la gran mayoría, el 85 % corresponde a resguardos indígenas, mientras que el 14 hace parte de las comunidades negras. En su mayoría, los territorios se encuentran en la región Pacífica, Amazonía y Orinoquía.

“Estamos en un conflicto permanente en el uso de las tierras por temas ambientales, sociales y de seguridad. Es un tema que hay que resolver con urgencia y en eso nos estamos enfocando para poder tener una solución a esta situación y poder hacer que este tipo de iniciativas de entrega de títulos y formalización se puedan lograr”, destacó el viceministro.

Frente a esto, se dio a conocer que el ministerio ya ha otorgado más 11 mil títulos, que según Villegas, podría decirse que es el principio de la reforma. El funcionario asegura que el entregar tierras de por si no va a acabar con sus problemas o necesidades:

“La tierra no resuelve la situación. Si los dejamos solos a merced de la dinámica del campo, no van a tener la oportunidad sino de sembrar una chagra y no se van a integrar a la economía agrícola y ese es el objetivo de esta propuesta”.

Algunos sectores y agremiaciones siguen en vilo por lo que representarán estos cambios, por tomar un ejemplo, Asocaña aseguró que se encuentran listos para establecer diálogos al norte del departamento del Cauca, uno de los puntos que está presentando ocupaciones ilegales, para acordar cuales son los espacios que se redistribuirían.

En este departamento, la Agencia Nacional de Tierras calcula que hay 3 millones de hectáreas, de las cuales 1,3 millones están tituladas a comunidades indígenas, bajo el modelo de resguardo, quiere decir, tiene ciertas exenciones tributarias, además, no pueden ser tenidas en cuenta para planes de desarrollo.

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