Este miércoles 28 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que un grupo de excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que operó en el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca, reconoció crímenes cometidos contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Los firmantes del Acuerdo Final de Paz le entregaron a la jurisdicción especial cuatro documentos en los que reconocían crímenes como asesinatos, desplazamientos, reclutamientos y desapariciones forzadas en contra de los pobladores de esta región al suroccidente de Colombia, que ha sido una de las más afectadas durante el conflicto armado.
El tribunal de paz indicó que estos aportes corresponden al desarrollo de las versiones que se han venido adelantado desde el año pasado en el marco del Caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, debido a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se registraron en 17 municipios de esta zona.
“Fuimos responsables del silenciamiento de vidas indígenas, de personas clave para la organización y la lucha de las comunidades indígenas”, reconocieron los comparecientes en su momento y añadieron: “Queremos reconocer que afectamos las poblaciones afrocolombianas y las comunidades negras en el Cauca. La Columna Móvil Jacobo Arenas contribuyó a las afectaciones en las vidas y bienes de esta población”.
Uno de los primeros aportes realizados por excombatientes en el marco de este caso fueron efectuados por algunos exmiembros de la Columna Móvil Gabriel Galvis, en medio de un acto restaurativo realizado en Cali, en el que reconocieron afectaciones específicas en contra de las comunidades étnicas y crímenes como el reclutamiento de menores de edad.
El segundo aporte, que contó con la presencia de las víctimas del departamento del Cauca, fue realizado por exmiembros de la Columna Móvil Jacobo Arenas que aceptaron su responsabilidad en asesinatos y desplazamientos; y el tercer evento fue adelantado por exmiembros del Frente VI de las FARC que reconocieron homicidios y desapariciones, entre otros crímenes contra la población.
“Reconocemos nuestra responsabilidad en las afectaciones a las comunidades afrocolombianas de los municipios en que hicimos presencia, si bien nuestra área de operación constante fue la parte alta de los municipios donde no se encontraban comunidades negras, en la parte plana donde la mayoría de la población es afro, también se realizaron acciones de orden militar, en especial, hostigamientos a la fuerza pública, el uso de artefactos explosivos y acciones de control territorial dentro de la confrontación política armada”, señalaron los excombatientes en esa oportunidad.
Estos aportes coinciden con el anuncio del tribunal de paz de abrir el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de los pueblos y territorios étnicos, debido a la necesidad de investigar las graves vulneraciones que sufrieron las comunidades indígenas y afrocolombianas en medio del conflicto armado, que fueron algunas de las poblaciones más afectadas por la violencia ejercida por parte de los distintos grupos armados en el país.
“Con la apertura del Caso 09, la JEP investigará, juzgará y sancionará los hechos cometidos por las Farc-EP, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado o terceros civiles contra personas con pertenencia étnica, sujetos colectivos de derecho o contra Territorios Étnicos que no estén siendo investigados en el marco de los demás macrocasos abiertos por la JEP”, concluyó la jurisdicción especial.
SEGUIR LEYENDO: