Las irregularidades en el PAE, pese a ser el programa con el que los niños y niñas más vulnerables reciben alimentación, se han convertido en el pan de cada día y ahora una funcionaría será investigada por el suministro de carne de caballo a los niños.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la profesional universitaria de la alcaldía de La Ceja, Antioquia, Diana Colombia Castro Londoño, en calidad de supervisora del contrato suscrito con la Fundación Colombia un País para el Presente (FUNDACOPPP), por presuntas irregularidades en el contrato de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes del municipio por valor de $2.277′528.093.
El ente de control investiga si la funcionaria faltó a sus obligaciones de supervisión, teniendo en cuenta que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) informó que las raciones de alimento distribuidas por el contratista contenían carne de caballo doméstico de sexo hembra.
El Ministerio Público busca establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado. La implicada podrá solicitar ser escuchada en versión libre.
En otro radicado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro abrió indagación previa contra servidores públicos por establecer, para averiguar si en otros municipios de los 23 que conforman el oriente antioqueño, el proveedor cárnico estaría suministrando carne de equino.
La Entidad enviará copias a la Contraloría General de Antioquia y a la Fiscalía General de la Nación -Seccional Antioquia-, para que adelanten las investigaciones a que hubiere lugar.
La Procuraduría en su momento concluyó que “unas muestras tomadas a los alimentos que se suministran a los estudiantes beneficiarios del PAE en el municipio de La Ceja, y según el informe del investigador del laboratorio FPJ-132, determinó la existencia de carne de equino en los mismos”, informó la Procuraduría.
<b>Requerimiento al alcalde de La Ceja</b>
Debido a los hallazgos que hizo la Procuraduría en los colegios de ese municipio, el órgano de control le hizo una serie de solicitudes al alcalde Nelson Carmona Lopera, quien tiene entre sus obligaciones hacer seguimiento a este programa.
En la carta enviada al mandatario local, el Ministerio Público recordó que su deber es hacer “seguimiento al cumplimiento de las condiciones necesarias para el adecuado proceso de recepción, conservación, manejo y distribución de la alimentación escolar” y verificar “las condiciones de calidad de los alimentos, la fecha de vencimiento, empaque de la ración alimentaria, condiciones higiénicas del personal de transporte y cumplimiento del menú”.
Esta situación llevó a que el ente de control hiciera cuatro solicitudes puntuales al mandatario local:
- Informar los resultados de la supervisión efectuada a la ejecución del contrato del PAE en ese municipio y aclarar si se conocen hallazgos en relación con la calidad de los alimentos suministrados y en virtud de esto, indicar si cursa algún tipo de proceso administrativo al operador.
- Fortalecer el seguimiento y control de la ejecución del programa en su jurisdicción que permita el cumplimiento de las obligaciones legales.
-Adelantar las acciones que le correspondan, para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, de acuerdo con los lineamientos de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA)
-Adoptar las medidas correspondientes para que los hechos descritos no se repitan.
En el mismo documento, la Procuraduría General de la Nación le dio al mandatario local un plazo de diez días para responder a sus requerimientos.
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