El lunes 26 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la reapertura de la frontera con Venezuela, luego de siete años de su clausura y cuatro de tensiones entre los gobiernos, con lo que se reactiva el tránsito de peatones, vehículos y mercancías a través de los puentes internacionales y pasos fronterizos.
El primer mandatario colombiano, que presidió la ceremonia que se llevó a cabo en Cúcuta, capital de Norte de Santander, señaló que con la reapertura de la frontera, que se extiende por más de 2.200 kilómetros, se esperaba mejorar la calidad de vida de los pobladores, generar progreso para las localidades fronterizas e impulsar un salto en materia de derechos humanos.
“Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos, cualquiera que vea los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza siempre entre vecinos. Así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros”, señaló el jefe de Estado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo realizó una visita humanitaria a zona de frontera en la que indicó que el proceso migratorio de los ciudadanos venezolanos evidenciaba “nuevas dinámicas”, razón por la cual requería una atención especial por parte de los Gobiernos de Colombia y de Venezuela, y de las naciones de “tránsito y recepción de población en movilidad humana”.
En ese sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicó que en los últimos meses se observaba un “éxodo hacia el norte del continente” en el que 134.000 migrantes buscaban atravesar el Tapón del Darién para continuar con su travesía, de los cuales el 69 % eran migrantes venezolanos que viajaban en condiciones económicas precarias, y de ellos, el 15 % eran menores de edad.
El defensor Camargo envió una carta al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en la que exhortaba a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que impulsaran acciones que propendieran por la garantía integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes.
“En el marco de la estrategia defensorial: ‘Defensoría en tu Comunidad’, amplificamos la presencia con Defensoría en frontera para fortalecer la cercanía a la ciudadanía, atender sus quejas e instar a las entidades competentes a adelantar acciones de prevención y protección de los derechos humanos. Cerca de 300 funcionarios de la defensoría están en puntos fronterizos en jornadas de atención descentralizadas para orientar, atender y tramitar solicitudes y quejas sobre derechos humanos”, señaló la entidad.
Por otra parte, el defensor destacó la importancia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Etomv) que ha permitido la regulación y la atención de los ciudadanos que han ingresado al país, debido a que diariamente estarían ingresando cerca de 25.000 personas al territorio nacional, lo que representa un flujo muy importante de población a través de estos puntos.
“Ese estatuto, verdaderamente, estableció la dimensión del problema e hizo una invitación seria a todas las autoridades, no solo a las migratorias, sino a los entes territoriales a que nos involucramos en este proceso porque también establecen unas ayudas y unos beneficios a la población migrante venezolana”, indicó el defensor Camargo.
SEGUIR LEYENDO: