Un análisis presentado por las autoridades las tiene en alerta por la cantidad de dinero que se han robado varias entidades y personas, qué se supone, están destinadas para el sistema de salud del país. Además de renombrados casos donde EPS y centros hospitalarios se han visto involucrados, muchos otros tienen que ver con tretas que se hacen aprovechando accidentes de tránsito o demás atenciones, que han descalabrado las arcas de la nación en cerca de 1,2 billones, cifra que según la Fiscalía General de la Nación podría ser el triple.
Según las investigaciones que adelanta la entidad judicial, en al menos unos 30 casos, desde la época de la pandemia, se ha podido evidenciar estos actos de corrupción, aprovechando la contingencia sanitaria; estos recursos son los que actualmente tienen en cuidados intensivos a la salud del país.
Las investigaciones dan cuenta de diversas modalidades donde se aprovechan para sustraer este dinero, por ejemplo, inventarse enfermedades que requieren una gran cantidad de recursos, lo que representa un alto costo, o lo mismo que tratamientos, que a la larga nunca existieron, o entidades que presentan balances falsos, donde al parecer le prestan sus servicios a población vulnerable, situación que nunca se dio y que se las cobraban a las secretarías municipales o distritales.
“Un paciente iba a una EPS o a un hospital y le prestaban presuntamente un servicio por una enfermedad de alto costo, pero ello nunca fue cierto y aun así la EPS generaba esa facturación porque esta era población que no estaba asegurada y se las cobraba a la Secretaría de Salud”, declaró el fiscal especializado contra la corrupción, Eduar Alirio Calderón, en diálogo con Noticias Caracol.
Con esto, por ejemplo, sean visto casos de falsificación del SOAT, donde paciente se presenta tras haber sufrido un aparente accidente de tránsito, y por ende, terminan cobrando el dinero del seguro, esto con ayuda de algunas entidades y personas que realizan los trámites, falsificando documentos y/o presentándolo ante la autoridad competente sino forma indetectable.
Sobre el dinero que se ha perdido, la Fiscalía asegura que es un estimativo, pues realmente podría ser mucho más:
“Está cifra corresponde a las 36 indagaciones que nosotros tenemos, es decir, cogimos las 36 indagaciones y establecimos de acuerdo a lo que se estaba denunciando y a los efectos que tuvieron esas conductas, se hizo una cuantificación y más o menos está en ese punto uno punto dos billones de pesos (...) En pandemia se habilitó la contratación directa en todas las entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías. Esto implicó que, como la pandemia era por temas de salud, se realizaran contratos de diversa índole. Si uno contara todos esos contratos, tendríamos que decir que sea cifra de 1,2 es por ahí el triple de esa suma”, agregó el funcionario en Noticias Caracol.
Según lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, es que actualmente se adelantan 26 indagaciones preliminares y otros 35 casos, dónde se han emitido 22 sentencias condenatorias, siendo las más llamativas las que se les han endilgado a las Entidades Promotora de Salud.
En diálogo con RCN Mundo el fiscal declaró:
“El tema de las EPS preocupa a la institucionalidad. Tenemos algunos investigados como relacionados con Cafesalud, Asmet Salud (Cauca), tenemos otras personas de la Superintendencia de Salud que ya fueron condenadas como la señora Eva Carrascal, tuvo su primera condena y tenemos más personas vinculadas”.
Según la Fiscalía, Bogotá, Bolívar, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca, son los departamentos con más casos de corrupción en el país, las diligencias se seguirán adelantando y en los próximos días, por ejemplo, se le realizará la extinción de dominio a unos bienes de la EPS SaludCoop.
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