La desaparición forzada en el Bajo Cauca antioqeño es un problema que llama la atención y enciende las alarmas de organizaciones internacionales. Recientemente se conoció que la ONG Human Rights International alertó por este flagelo.
Los reportes de medios de comunicacion locales indican que recientemente fueron retenidos dos jóvenes entre los corregimientos de Jardín y Puerto Bélgica en Cáceres, Antioquia. Al parecer, los ciudadanos son víctimas de desaparición forzada.
Uno de los jóvenes desaparecidos fue identificado como Alejandro Rúa, quien habría sido retenido cuando pasaba por esa zona del país cuando viajaba esde Montería, en Córdoba.
“En el municipio de Cáceres, al lado del corregimiento El Jardín, ahí se han llevado 15 jóvenes. El último fue Alejandro Rúa, que es hincha del Nacional y viniendo de Montería, pasando por este lugar, fue reclutado y vinculado al conflicto. Está desaparecido”, aseguró Carlos Arcila, secretario internacional de Human Rights International citado por Noticias Caracol.
Respecto a este tema, la ONG Human Rights International aseguró que desde el 2020 se han registrado al menos 33 casos de desaparición de este tipo en el Bajo Cauca antioqueño. De esos casos, según la organmización internacional, solo cinco se han logrado resolver con el regreso de los ciudadanos a sus hogares.
Así mismo, la ONG habría conocido otros dos casos en los que los jóvenes aparecieron sin vida. De todos los demás no se tiene información.
El secretario internacional de Human Rights International hizo un llamado a las autoridades de Colombia, pues aseguró que “hay indiferencia” por parte de los gobiernos nacional departamental y local, pero además, por parte de los organismos de control.
Así mismo resaltó que no se trata solo de la desaparición forzada, el secretario internacional de la ONG aseguró que hay muchos otros problemas que aquejan a las poblaciones que hacen parte del Bajo Cauca antioqueño.
Arcila mencionó que la ola de violencia, en la que se registran además homicidios, descuartizamientos, entre otros, debe ser atendida con rigor.
“Hay una indiferencia institucional de parte del Gobierno nacional, de la Gobernación, de la Fiscalía. Estamos pidiendo a la ONU que haga un capítulo especial frente a este tratamiento en el Bajo Cauca que está muy grave, no solo es la desaparición, es el reclutamiento, descuartizamiento y desaparición forzada”, añadió Carlos Arcila.
Alteraciones de orden público en el Bajo Cauca
Sumado a lo mencionado por la ONG Human Rights International y los constantes enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley por el dominio del territorio y las rentas ilícitas, recientemente hubo alteraciones de orden público por otro tema.
Mineros artesanales se unieron para protestar en contra de las autoridades, solicitando que cese la persecuución en contra de la minería informal que es el sustento de muchas familiar en esa subregión del país.
Las comunidades mineras del Bajo Cauca antioqueño, que hacen parte de los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, mantienen bloqueos en la vía Medellín - Costa Caribe. Aunque el fin de semana se había llegado a un acuerdo por medio del diálogo, este duró menos de 24 horas.
El gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, rechazó que se incumplieran lo pactado y pidió que se restablezcan los derechos de los transportadores a quienes se les afecta con este tipo de cierres.
Es de recordar que el detonante de estas manifestaciones fue la incautación de 184 dragas y 47 retroexcavadoras por el Ejército Nacional en los municipios que integran esta subregión del departamento de Antioquia.
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