No hubo periodistas involucrados en las “nominas paralelas” del gobierno anterior, confirmó Mauricio Lizcano

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, publicó un trino en el que nuevamente habló de las llamadas “nominas paralelas”, que denunció él a su llegada a la Casa de Nariño.

A través de ese tuit escribió: “Y lo reitero: en mi denuncia sobre nóminas paralelas, nunca se relacionó a periodista alguno, No hubo evidencia de que estos hechos ocurrieran”.

En Twitter se había corrido la voz que en las “nominas paralelas” habían directores y presentadores de los principales medios de comunicación colombianos involucrados en este hecho, pero hasta ahora fue desmentido por Lizcano.

Adicional, el director del DAPRE habló sobre los diferentes medios de comunicación y el derecho internacional a la libre expresión por estos y señaló que el gobierno de Gustavo Petro Urrego serán respetuosos de ellos.

“Este Gobierno es respetuoso de la libertad de presa, Lo he dicho en varias oportunidades”, señaló Mauricio Lizcano en Twitter este martes 27 de septiembre.

Sobre este trino se pronunciaron varios periodistas de diferentes medios de comunicación, por ejemplo Luis Carlos Vélez de la FM señaló: ”Muy importante aclaración. Mauricio Lizcano, denunciante de nóminas paralelas en el gobierno anterior, deja claro que NO hay periodistas involucrados”.

Por otra parte, el periodista Melquisedec Torres, perteneciente a la mesa de trabajo de la Luciérnaga de Caracol Radio escribió: “Gracias por la precisión señor Lizcano. Lo que más me preocupaba es que diversos tuiteros afirmaban que yo era parte de esas nóminas, y en mi cuenta de ahorros nada que aparecían los honorarios”. }

Y Daniel Samper, a quien acusaron de que su esposa hacía parte de las nóminas paralelas, señaló: “#NoHayDerecho a ser víctima de las bodegas que corrieron la línea ética a su gusto para difamarme y desprestigiarme por haber criticado a la ministra de minas”.

En un derecho de petición solicitado por la revista Vorágine al Departamento Administrativo de la Presidencia de (DAPRE) reveló los contratos celebrados con una nómina paralela durante el gobierno de Iván Duque, que según la revista llegan a los $7 billones de pesos.

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, tres días después de posesionarse como presidente, Gustavo Petro publicó a través de su cuenta de Twitter la orden al Consejo de ministros desmantelar las nóminas paralelas que hubo en las entidades públicas; además, cualquier gasto que no fuera necesario.

Es importante traer al presente que las nóminas paralelas son contratos de prestación de servicios que se celebran con las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Guardando concordancia con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política en cuanto autoriza que los particulares temporalmente desempeñen funciones públicas.

Ante la solicitud del presidente Gustavo Petro, Lizcano presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal del Gobierno en contra de las nóminas paralelas.

“Están en casi todo el Estado ... pero hay que explicarlo bien porque no todo el que tenga un contrato de prestación de servicios es una nómina paralela ... lo que sí estamos planteando es que una persona no pueda tener más de dos de estos contratos con el Estado”, dijo Lizcano en una entrevista a Red Más Noticias.

Sin embargo, el problema con estas contrataciones viene cuando “una misma persona tiene hasta 30 contratos por prestación de servicios con el Estado, eso lo vamos a controlar”. Ya anteriormente Lizcano había señalado a los medios de comunicación que “lo que vamos a eliminar es a contratistas que no están haciendo nada, personas que tienen 10, 20 y 30 contratos con el Estado; la burocracia”, informó el funcionario del DAPRE.

“En los años 2021-2022 se han gastado por 4.5 billones en contratación por prestación de servicios que es una cifra escandalosa. Encontramos que hay muchos objetos de contratos que son similares a los que los funcionarios públicos ejercen”, señaló.

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