Estos son los tres puntos críticos de la reforma política propuesta por el gobierno Petro según Transparencia por Colombia

Transparencia por Colombia alertó de tres posibles riesgos que tendría la reforma política que es impulsada por la coalición de Gobierno en el Congreso de la República. Si bien subrayan que el proyecto de ley es “tarea pendiente para cerrar las oportunidades a la corrupción política y modificar algunas de las bases del sistema político colombiano”, algunos aspectos pueden ser “inconvenientes” para el país en esta materia.

Si bien la reforma constitucional ya fue aprobada en primer debate aseguran que algunos cambios podrían generar opacidad, efecto contrario a lo que se busca según las diferentes ponencias de los congresistas que la apoyan y han construido el texto.

El primer punto que -según esta oenegé- señala que sería un riesgo sería “la transparencia del financiamiento de partidos y campañas políticas”, pues se propone crear un fondo conjunto entre los aportes privados y estatales que dejaría sin información de destino los dineros consignados por particulares, lo que iría en contravía de la disposición (ley 1864 de 2016,) que señala la obligación de rendir cuentas de la procedencia de los aportes. Lo que opacaría la transparencia en ese sentido, pues se dejaría por fuera información fundamental sobre “origen, el monto y la destinación” de los fondos.

En este punto también señala que la creación de este fondo mixto podría ir contra del derecho de algunos de acceder a participación política a la hora de destinar recursos a la campaña de su predilección.

El segundo punto de riesgo que tiene la reforma política -según Transparencia Colombia- tiene que ver con “regulación de conflictos de interés de los congresistas”, pues se señala en el escrito del proyecto de ley que “no habrá lugar a que se configure el conflicto de intereses sobre un congresista individualmente considerado, de manera personal, particular y directa, en ejercicio de la representación legítima de sus electores”, ya que al no tipificar conflicto de interés por cuenta del apoyo financiero a una campaña política podría prevalecer el actuar del congresista por encima de los intereses de la parte de la sociedad a quien representa o por la que fue elegido en este cargo de elección popular.

“Por medio de la Ley 2003 de 2019, se reconoce la necesidad de presentar el informe de ingresos y gastos de campaña de cada congresista como instrumento para hacer visibles sus potenciales conflictos de interés con financiadores”, señala Transparencia por Colombia.

El tercer y último punto de riesgo tendría que ver con los “cambios en inhabilidades de congresistas” y es que ya no habría trabas para que los congresistas pasen del poder Legislativo a un cargo Ejecutivo, lo que podría generar una intromisión por parte de este último en las decisiones que se tomen en el Congreso de la República.

“La intromisión indebida entre poderes públicos al proponer como excepción del sistema de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas su tránsito inmediato al servicio público con tan solo una renuncia al legislativo”, señaló Transparencia Colombia sobre este punto de riego en este proyecto de ley.

“Aún está pendiente ver una apuesta de reforma política que apunte más decididamente a incrementar la transparencia, el fortalecimiento del sistema de partidos y de los órganos electorales, y la sanción oportuna por irregularidades en el financiamiento de la política”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

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