Acusan de corrupción a la exdirectora de la entidad encargada de las cárceles en Colombia

La Fiscalía General de la Nación estableció que la exdirectora de la Uspec, María Cristina Palau Salazar, habría incurrido en irregularidades al adicionar más tres mil millones de pesos a un contrato

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La Fiscalía General de la Nación estableció que la exfuncionaria habría incurrido en irregularidades en la adición superior a tres mil millones de pesos a un contrato. Foto: Uspec
La Fiscalía General de la Nación estableció que la exfuncionaria habría incurrido en irregularidades en la adición superior a tres mil millones de pesos a un contrato. Foto: Uspec

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exdirectora de la Unidad De Servicios Penitenciarios Y Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau Salazar, por presunta corrupción cuando estaba en la cabeza de esa entidad.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá hizo la acusación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Este proceso se da en medio de una investigación que se adelanta contra la exfuncionaria por la adición de más de tres mil millones de pesos a un contrato de obra, en la que se habrían presentado algunas irregularidades.

De acuerdo con el ente acusador, hay suficiente material probatorio para establecer que la exdirectora del Uspec, María Cristina Palau, habría tramitado un prórroga de tiempo y una adición de recursos a un contrato relacionado con varias obras civiles.

“El material probatorio indica que la exfuncionaria habría solicitado certificado de disponibilidad presupuestal y tramitó una prórroga en tiempo y valor del contrato 218 de 2013, cuyo objeto era la adecuación de varias obras civiles”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

Según el ente investigador, la adición de recursos finalmente se suscribió con el propósito de garantizar el suministro de licuadoras, balanzas, estufas, neveras, elementos de panadería, carros de carga y artículos de oficina.

La Fiscalía resaltó que la adquisión de algunos de esos elementos no estaba contemplada en el contrato original que se había firmado. Así mismo, recordó que el trámite de la adición se celebró luego de que María Cristina Palau fuera declarada insubsistente, eso en 2017.

Pese a todo lo que estaba ocurriendo alrededo de la entidad que se encarga de manejar los recursos de los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país, se firmó el otrosí por 3.121 millones de pesos.

El ente acusador estableció que la exdirectora del Uspec al parecer violó los principios de responsabilidad, economía, transparencia y planeación de la contratación pública.

Lo anterior, teniendo en cuenta que “en el entendido de que lo que se necesitaba comprar para dotar las cocinas y oficinas de los centros carcelarios debía ser objeto de licitación pública y de un proceso distinto de contratación”, según señaló la Fiscalía General de la Nación.

Las irregularidades que llevaron a María Cristina Palau a la cárcel

Es de recordar que en abril de 2019 María Cristina Palau fue capturada y recluida en la cárcel Buen Pastor de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, la exfuncionaria fue cobijada con la medida de aseguramiento en establecimento carcelario por las irregularidades en contratos que se tramitaron a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Cabe resaltar que los contratos tenían como objetivo garantizar las obras de rehabilitación de varios centros carcelarios en el territorio nacional.

Además de eso, el ente acusador logró establecer a través del material probatorio, que los funcionarios hicieron varias llamadas y reuniones en las que menifestaban el interes de no perder el mando de la Uspec, así como los intereses en que contratistas específicos se quedaran con los contratos.

Otros funcionarios que resultaron involucrados en este proceso judicial son el exdirector de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura, Héctor Julio Álvarez Rivero; la contratista Marcela Sofía Alies Puentes; el exfuncionario de la Uspec y de Fonade, Juan Carlos Montoya; y el exfuncionario de Fonade, Hugo Germán Bula Mercado.

En ese entonces, la Fiscalía imputó a Palau por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, coautora en falsedad de documento privado y enriquecimiento ilícito.

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