La ocupación ilegal de tierras es una problemática que se está presentando a lo largo del territorio nacional, pero tal vez sea el departamento del Cauca una de las regiones más complejas, su gran población indígena y amplio número de desplazados por la violencia hacen que este tema se agudice.
Precisamente la personera de Guachené Ximena Bastidas, denunció que mientras atendía un llamado por ocupación de terrenos fue víctima por parte de hostilidades de un grupo indígena. La funcionaria indicó que se encontraba en la vereda Llano de Taula, cuando presenció un grupo de presuntos indígenas armados que llegó disparando y violentando el lugar.
“Llegaron unos indígenas disparando, en medio del temor grité que era la personera y todos empezaron a lanzar piedras. Lo que hacen es alzar la moto y manifiestan que yo me encontraba en la moto disparando a los indígenas y es una denuncia por injuria y calumnia, toda vez que yo soy defensora de los derechos humanos”, mencionó la personera a la emisora radial La W.
De igual manera resaltó la personera la ausencia del Estado para prevenir este tipo de acciones, y señaló que aunque no tiene conocimiento que este tipo de actuaciones sean desencadenadas por grupos al margen de la ley, sí identificó que integrantes de estas movilizaciones encargadas de ocupar terrenos tienen armamento y municiones.
“En ese momento no había fuerza pública, cuando ellos empiezan a disparar nosotros lo que hacemos es escondernos en la casa, yo me meto debajo de una cama y envió unos audios pidiendo auxilio a través de los grupos (whatsapp), al secretario de gobierno... Verdad que es muy lamentable saber que como la comunidad está sola, la personería municipal se siente impotente, como defensores de derechos humanos no tenemos las garantías, y es muy triste que no tengamos el apoyo del gobierno nacional ni de la fuerza pública en nuestro municipio”, comentó la medio de comunicación la personera de Guachené Ximena Bastidas.
Uno de los temas más complejos que ha comenzado a frecuentar el radar nacional es la invasión u ocupación ilegal de terrenos, en diferentes departamentos diversos grupos que se han denominado indígenas y campesinos han llegado solicitado derechos por terrenos ancestrales o ser víctimas de desplazamiento forzado a lo largo del conflicto armado, aunque no es un hecho exclusivo de estas organizaciones, estructuras criminales e inescrupulosos también formarían parte de esta problemática que se visibiliza cada vez más.
Precisamente a través de filtraciones que realizó El Tiempo de un exclusivo archivo que contiene información referente a ocupaciones ilegales, durante los últimos 20 días a lo largo del territorio nacional pasaron de 485 a 570 las invasiones, indicando que se generaron 85 asentamientos en menos de un mes.
Otro de los aspectos que se indica en el informe es que la problemática dejó de ser exclusiva del sector rural, ya que diferentes centros urbanos incluyendo a Bogotá ha presentado alertas de ocupaciones de terrenos. Se debe recordar que hace unos meses en la urbanización El Porvenir en Valledupar personas presuntamente armadas estaban reclamando las 600 casas que se construyen para población víctima del conflicto armado.
Por su parte se ha conocido que en la localidad de Ciudad de Bolívar en Bogotá circula el grupo llamado ‘las abogadas’ que presuntamente pretende que con ‘ayuda de funcionarios distritales’ ocupar terrenos aledaños a la loma.
Se debe recordar que la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, indicó precisamente del problema que hay funcionarios promoviendo la invasión y ocupación, pero que la institucionalidad está en contra de esas acciones por fuera de la legalidad.
“Ya vimos cómo la misma procuradora señaló que hay funcionarios públicos involucrados en esta promoción de invadir tierras donde se están haciendo negocios con los tierreros, ahí toda la fuerza de la ley, eso lo llamamos invasión. El Ministerio de Defensa me decía que tenemos 62 procesos investigativos, 41 por invasión, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de predios, en lo que se refiere a invasiones que consideramos absolutamente ilegales”, dijo la jefe de cartera.
Respecto al complejo escenario el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega, indicó que la reforma agraria es la solución para esto dado que sorprendentemente “el 65% del rector rural no esta formalizado y el Estado no sabe quienes son sus propietarios”.
SEGUIR LEYENDO: