Ya está listo, y en manos de las autoridades colombianas, el recurso de apelación con la que la Defensa de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, pretende detener su extradición a Estados Unidos. Este 26 de septiembre se revelaron apartes del documento que contiene 65 hojas y argumenta sus intenciones en seis premisas.
Una de las razones principales que argumenta la defensa de Córdoba es que los tres delitos que se le imputan a su cliente ocurrieron en Estados Unidos, por lo que no habría razones para enviarlo a Estados Unidos. Aunque es un buen argumnto, este se cae porque ya la Corte Suprema había indicado que se efectuaria la acción solo por uno de ellos: concierto para importar, narcotráfico y desfavorable para concierto y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, pues este afecta al país del norte.
También se afirma que “la Resolución del Gobierno Nacional que ordena el traslado de Córdoba, la que concede la extradición, no fue motivada en punto de la conveniencia”. Esto quiere decir que no se le ha indicado al procesado y su equipo legal cuales son las razones de conveniencia nacional que motivan su traslado.
Otro problema señalado por la defensa es que supuestamente no hay tratados entre Colombia y Estados Unidos que justifiquen la extradición en procesos como los que enfrenta Córdoba. Así las cosas, según los litigantes, esto podría dar pie para que se presentaran casos de violación de derechos humanos y falta de garantías.
“No puede conceder (el Gobierno) la extradición soportado en un Convenio Multilateral, dice que el artículo 35 de nuestra Carta Política no incluye este mecanismo como alternativa para justificar la entrega de nuestros connacionales”, se lee en el recurso de apelación.
Hay que recordar el inicio del fin de la carrera delictiva de Cordoba ocurrió en agosto de 2021, cuando Álvaro Córdoba Ruíz y un cómplice suyo, que también se encuentra detenido, se reunieron sin saberlo con un agente encubierto de la DEA. En dicho encuentro, que quedó grabado, Córdoba Ruíz se mostraba alegre por la posibilidad de movilizar 3.000 kilogramos de cocaína por mes, entre Colombia, México y Estados Unidos, teniendo como destino final la ciudad de Nueva York. Un mes después, uno de los socios de Córdoba Ruíz, dijo que sus fuentes de suministro se encontraban en capacidad y disposición para producir 8.000 kilogramos del narcótico cada cuatro meses y su movilización generaría ganancias de hasta $1.000.000 dólares.
En diciembre se cerró el negocio y en Medellín se hizo la entrega de una bolsa que contenía $15.000 dólares, que correspondía a un dinero que el hermano de la senadora y uno de sus socios consiguieron luego de ayudar a transferir cinco kilógramos de cocaína.
Al momento de ser capturados en febrero de 2022, la Corte del Distrito Sur de Nueva York los acusó de ingresar más de cinco kilos de cocaína y portar armas de forma ilegal, y se dictaminó que tanto Córdoba Ruíz como los implicados podrían llegar a enfrentar cargos por terrorismo y transporte de estupefacientes que tendrían como fin beneficiar a los carteles mexicanos y a las disidencias de las FARC que se encuentran lideradas por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’.
Desde entonces empezó la puja legal y se intensificó con la llegada de Gustavo Petro al poder. Varios sectores le pidieron al presidente extraditar a Córdoba, sin embargo, el que terminó firmando la orden para enviarlo no fue él sino el ministro de Justicia, Néstor Ozuna.
A pesar de ese hecho, en el recurso de apelación la defensa le dice a las autoridades que base la decisión priorizando garantizar los derechos de los connacionales, no en la presión mediática.
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