Asesinato de Jaime Garzón fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: qué significa

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) admitió la solicitud para estudiar el caso de homicidio del periodista Jaime Garzón, asesinado en 1999 en Bogotá. Con esta decisión, representantes de víctimas y familiares del defensor de derechos humanos esperan que se levante el manto de impunidad que ha cobijado a los altos funcionarios detrás del crimen.

La solicitud fue presentada en agosto de 2011 por los hermanos Alfredo y Marisol Garzón, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) para que se investigara la violación a los derechos a la vida, la libertad personal, la justicia y pensamiento y expresión que fueron violados con el asesinato de Garzón Forero.

Según Cajar, en los últimos días recibieron el informe de admisibilidad por parte de la CIDH para evaluar el caso. El organismo desestimó las pretensiones del Estado colombiano que presentó las investigaciones adelantadas en el caso, que no fueron suficientes para desestimar la impunidad que ha rodeado al caso, por lo que pasará a ser conocido de fondo.

En el informe, de acuerdo con los abogados, se señaló que no se ha investigado, identificado ni juzgado a todos los responsables del asesinato “ni mucho menos indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil”.

“Sobre las investigaciones penales, la CIDH subrayó que “esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas [por parte de las víctimas]”. Igualmente, la Comisión recordó que “la Corte Interamericana [de derechos humanos] ha establecido que la obligación de investigar incluye a la totalidad de los autores materiales e intelectuales, así como a eventuales encubridores”, señaló el colectivo.

Así las cosas, el proceso entra en etapa de fondo. En este periodo, la Comisión analizará los alegatos de las partes y, de ser necesario, solicitará información adicional en la que puede también citar a una audiencia. Se abre la posibilidad de una solución amistosa con compromisos del Estado, de lo contrario la CIDH emitirá un informe en el que determinará si el Estado es responsable de la violación o violaciones a los derechos humanos y las acciones que deberá emprender para cesar la vulneración.

“No alegra mucho porque en 23 años que hemos estado buscando la verdad y especialmente a la justicia, no ha habido nada. Realmente no estamos satisfechos con lo que ha hecho el gobierno y con lo que ha hecho la Fiscalía. Las investigaciones no han arrojado ningún resultado que nos satisfaga como familia”, señaló Marisol Garzón, hermana del periodista, al dar a conocer la decisión.

La familia y los abogados esperan que con esta decisión se retomen las investigaciones del caso y así recibir la reparación, no económica, sino desde la verdad y la justicia que lleve a la identificación de los máximos responsables del crimen cometido el 13 de agosto de 1999 en el barrio Quinta Paredes donde sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en cinco ocasiones a Garzón, quien se desplazaba en su camioneta a la emisora Radionet.

“Lo reconocemos como un aliciente para la justicia colombiana para que investigue a todos los autores intelectuales, materiales que participaron en el homicidio tal como lo establece este informe y que se pueda avanzar hacia el establecimiento de garantías de no repetición que prevengan futuras agresiones a personas dedicadas al trabajo por la paz, al periodismo, a la defensa de los derechos humanos como era Jaime Garzón Forero”, señaló la presidenta de Cajar, Jomary Ortegón.

Por este caso han sido condenados el exdirector del DAS José Miguel Narváez, quien de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia indujo al jefe paramilitar Carlos Castaño para que ordenara el homicidio. Ha buscado acceder a la JEP, pero de acuerdo con Cajar, no ha hecho aportes significativos de verdad.

En ese mismo proceso se encuentra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien no ha sido condenado por el caso, pero se encuentra preso por múltiples delitos entre ellos el asesinato de defensores de derechos humanos. También ha sido señalado el general (r) Rito Alejo del Río, también acogido a la JEP, pero aún no se ha determinado judicialmente su responsabilidad.

Para Cajar es claro que hay pruebas suficientes para establecer que se creó un entramado que buscó desviar la investigación e impedir su esclarecimiento, en el que participaron funcionarios del Estado y criminales, para encubrir a los responsables del homicidio. Entre ellos ha sido señalado como presunto principal determinador el general (r) Mauricio Santoyo Velasco y decenas de miembros del extinto DAS.

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