Uno de los temas más complejos que ha comenzado a frecuentar el radar nacional es la invasión u ocupación ilegal de terrenos, en diferentes departamentos diversos grupos que se han denominado indígenas y campesinos han llegado solicitado derechos por terrenos ancestrales o ser víctimas de desplazamiento forzado a lo largo del conflicto armado, aunque no es un hecho exclusivo de estas organizaciones, estructuras criminales e inescrupulosos también formarían parte de esta problemática que se visibiliza cada vez más.
Precisamente a través de filtraciones que realizó El Tiempo de un exclusivo archivo que contiene información referente a ocupaciones ilegales, durante los últimos 20 días a lo largo del territorio nacional pasaron de 485 a 570 las invasiones, indicando que se generaron 85 asentamientos en menos de un mes.
Otro de los aspectos que se indica en el informe es que la problemática dejó de ser exclusiva del sector rural, ya que diferentes centros urbanos incluyendo a Bogotá ha presentado alertas de ocupaciones de terrenos. Se debe recordar que hace unos meses en la urbanización El Porvenir en Valledupar personas presuntamente armadas estaban reclamando las 600 casas que se construyen para población víctima del conflicto armado.
Por su parte se ha conocido que en la localidad de Ciudad de Bolívar en Bogotá circula el grupo llamado ‘las abogadas’ que presuntamente pretende que con ‘ayuda de funcionarios distritales’ ocupar terrenos aledaños a la loma.
Se debe recordar que la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, indicó precisamente del problema que hay funcionarios promoviendo la invasión y ocupación, pero que la institucionalidad está en contra de esas acciones por fuera de la legalidad.
“Ya vimos cómo la misma procuradora señaló que hay funcionarios públicos involucrados en esta promoción de invadir tierras donde se están haciendo negocios con los tierreros, ahí toda la fuerza de la ley, eso lo llamamos invasión. El Ministerio de Defensa me decía que tenemos 62 procesos investigativos, 41 por invasión, 17 por avasallamiento, 4 por usurpación de predios, en lo que se refiere a invasiones que consideramos absolutamente ilegales”, dijo la jefe de cartera.
Respecto al complejo escenario el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) Gerardo Vega, indicó que la reforma agraria es la solución para esto dado que sorprendentemente “el 65% del rector rural no esta formalizado y el Estado no sabe quienes son sus propietarios”.
El director de la ANT indicó que en ningún momento habrá cabida para vías de hecho o defensas armadas ilegales en la reforma agraria que se planea adelantar. “Se hará la reforma rural pero no va a ser mediante mecanismos de fuerza, ni ocupaciones, ni invasiones. Estamos haciendo monitoreo en el país sobre las invasiones para verificar cuantas familias son y si son tierras privadas o públicas”, señaló Vega a RCN Radio.
De igual manera indicó que en el país los aspectos concretos del desplazamiento forzado y los terrenos originarios de pueblos ancestrales, hace que hayan características particulares al abordar las ocupaciones ilegales pero que la reforma se debe ocupar de ello.
“Colombia nunca adelantó una reforma rural (…) Hay territorios ancestrales e incumplimientos de compromisos del Gobierno (…) Hay un programa que dice que hay que entregar tres millones de hectáreas a campesinos que no la tienen, siete millones de formalización y catastro multipropósito”.
SEGUIR LEYENDO: