Criminales que se sometan a la justicia deberán delatar a las organizaciones que se mantengan activas

Uno de los componentes cruciales para la política de paz total que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro será el sometimiento para los grupos delictivos organizados o bandas delincuenciales que decidan acogerse a la justicia. Sobre esta reforma, que deberá tramitar el Congreso, se ha conocido el resumen de uno de los diferentes borradores, en el que se prioriza la colaboración con la justicia para el acceso a beneficios.

“En este sentido, los procedimientos de beneficios por colaboración eficaz también permitirían obtener la información necesaria para el procesamiento de las otras estructuras criminales que no se presenten a la justicia dotando así de valiosa información al poder judicial, en relación con individuos o colectivos sobre los que no se tuviese información o elementos probatorios que permitirán su persecución”, se lee en el texto conocido este fin de semana.

Este hace parte de uno de los textos propuestos para el proyecto de ley que podría presentar el Gobierno nacional en los próximos días para el sometimiento de bandas criminales. En este participan miembros del Congreso como Roy Barreras e Iván Cepea, así como el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Centro Internacional para la Justicia junto a un grupo de juristas.

La reforma tendrá componentes para modificar el Código Procedimiento Penal, con el fin de ofrecer penas alternativas a quienes voluntariamente se sometan a la justicia, adicionar subrogados penales como las penas sustitutivas a la cárcel y fortalecer los mecanismos de colaboración con la justicia, según indicó el diario El Tiempo.

En ese sentido, se buscaría que todas las sentencias que partan de un mecanismo de colaboración podrán tener componentes restaurativos. En este se incluye la aceptación de cargos consensuada a partir de la formulación de imputación que estará a cargo de la Fiscalía.

“El proyecto patrocina un poder punitivo eficaz, eficiente y no aparente, entregándole herramientas a la FGN para que pueda hacer uso de varios caminos procedimentales a la hora de promover acusaciones contra estructuras crimínales que no se presenten a la justicia”, se lee en el documento.

Será la Fiscalía, en un proceso penal ordinario la que deberá formular una imputación, después de que las organizaciones manifiesten su voluntad de acogerse a la justicia, así como el acta de colaboración. Con estos documentos se presentará ante un juez para aceptar la legalidad y se emita la condena.

La información que entreguen los procesados será verificada por las autoridades judiciales. De acuerdo con el diario El Espectador, por fuentes cercanas al proceso, los mecanismos de cooperación internacional tendrán la función de verificar de manera ágil lo que conozcan las autoridades por medio de colaboración, para evitar que mientan y establecer el funcionamiento de redes de tráfico y lavado.

En la entrega de bienes obtenidos de las rentas criminales también se plantea la colaboración, con el beneficio de poder quedarse con un porcentaje. “Cumplido ello, el imputado podrá conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes siempre que su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración o hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10%) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”, resalta el borrador.

Aunque se plantean penas diferentes para los criminales rasos y los altos mandos, se contemplan beneficios en rebaja de pena por colaboración eficaz, que podría permitirles tras 5 años acceder a un programa de restauración y reinserción especial que con el componente restaurativo podrá redimirla con trabajo comunitario en periodo abierto que incluirá permisos para salir de la cárcel para cumplir con labores de trabajo o reparación.

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