Con sus impuestos, los colombianos pagan una millonaria suma por una camioneta de la UNP al servicio de María Fernanda Cabal y su esposo

En una de sus más recientes publicaciones, la revista Cambio hizo pública una denuncia sobre el mal uso que le estaría dando a una de las camionetas que otorga la Unidad Nacional de Protección. Según destaca el artículo, el vehículo pertenecería al esquema de seguridad que le fue asignado a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. De acuerdo con lo que aseguran vecinos del sector, el carro, la mayoría del tiempo, estaría parqueado en el andén, sin ser usado como se supondría que tendría que serlo. La investigación asegura que lo indignante del caso es que, para el momento, 29.701 solicitudes de protección negadas por esa entidad.

El equipo de prensa de ese medio de comunicación atendió al llamado de la comunidad y, luego de hacer un trabajo de campo, comprobó que la Duster permanece quieta, durante varias horas. Mientras que el carro podría ser usado para brindarle protección a las decenas de líderes sociales que son constantemente amenazados de muerte en el país, este vehículo, que le cuesta a la ciudadanía unos $7.423.622 de sus impuestos al mes, no tiene un uso justo. Es de agregar que la familia Lafaurie Cabal ya cuenta con siete camionetas de escoltas.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y esposo de Cabal, además de contar con esos siete vehículos, tiene uno extra que le asignó la Federación de Ganaderos. En total, es protegido por 12 escoltas y cuatro policías, explica Cambio. Además de la camioneta que no tiene uso constante, denuncia la comunidad, el esquema de seguridad es usado para fines innecesarios, por ejemplo, movilizar los insumos del negocio de postres que tiene una de las hijas de la familia, Luisa Lafaurie.

“Es increíble que las personas no usen los vehículos y los tengan parqueados a sol y agua, mientras hay gente necesitando, esperando a que les asignen unas medidas que nunca les llegan. Hay personas que han muerto esperando esas medidas”, comentó sobre la situación, Giovanny Gallo, presidente de Analtraseg, sindicato que asocia a escoltas de la UNP, en un diálogo con el medio de comunicación denunciante.

La Unidad Nacional de Protección calcula que, paralelo a situaciones como esta, entre julio de 2021 y julio de 2022, 36.365 personas del país solicitaron ser protegidas por esa entidad. Del total, solo 6.644 lograron acceder a ese beneficio. En Bogotá se hicieron 7.002 peticiones, mientras que en el Valle del Cauca fueron 3.007. En Norte de Santander hubo 2.236, y en Magdalena 1.790. Quienes más solicitan este servicio son líderes sociales, activistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, servidores públicos y víctimas de violaciones de derechos humanos, agrega Cambio.

De la misma manera, miembros de misiones médicas y periodistas, han solicitado protección de las autoridades, por ejemplo, han sido 47 miembros de misiones médicas los que pidieron auxilio en Arauca y en Puerto Rico, Caquetá. Por el otro lado, han sido, desde julio del 2021 hasta el mes de julio del año en curso, 529 periodistas los que pidieron apoyo a la UNP, entre julio de 2021 y julio de 2022. Se le negó este recurso a 401 comunicadores.

Tal y como le explicaron expertos a Cambio, los costos para sostener un esquema de seguridad son altísimos. Un escolta, por ejemplo, le cuesta $7.044.667 a la UNP, al mes; mientras que el mantenimiento de un vehículo blindado alcanza los $11.991.872. Un vehículo sin blindaje puede llegar a valer $7.423.622 y una moto $2.500.000. A la lista de costos se suman bonos por buen servicio ($165.000), dotación ($135.600), seguros de vida ($43.870), teléfonos ($66.470), chalecos blindados ($43.870), armas de dotación ($110.469).

Teniendo en cuenta los costos mencionados, el esquema de seguridad de los Lafaurie-Cabal cuesta $161.557.730 al mes. Tienen 4 camionetas blindadas, 3 convencionales y 12 escoltas de la UNP.

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