El Gobierno nacional presentará ante el Congreso de la República durante los próximos días el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales, en el marco de su política de ‘paz total’.
Dentro del marco jurídico se plantea con el objetivo al sometimiento que se tramitaría en la justicia ordinaria, es decir bajo los parámetros de la Fiscalía General de la Nación y los jueces del país. De acuerdo al borrador elaborado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, el abogado Mauricio Pava, exfiscal Jorge Perdomo y asesores del Congreso de la República.
Esta iniciativa propone la reducción en la condena máxima en Colombia, que en la actualidad es de 60 años de cárcel, pasaría a 50 cuando se demuestra que hay varios delitos, en cambio cuando hay solo uno serían 40 años.
Con lo anterior, esta disminución de cárcel ayudaría a la negociación con los grupos armados, porque en caso dado de aprobarse, tendrían derecho a un descuento del 60% del total de la condena, y podrían mantener el 10% del valor de la entrega anticipado de bienes o hacer un inventario de estos inmuebles que tengan algún tipo de vínculo con actividades por la que son imputados.
“Cumplido ello, el imputado podrá conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes siempre que su valor comercial no supere el diez por ciento (10%) del total de los bienes objeto de colaboración o hacerse acreedor de hasta el diez por ciento (10%) del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes entregados”, resalta el borrador.
De igual manera, en el proyecto se habla del concepto de prisión comunitaria, que según se detalla serían lugares donde se realizarán actividades comunitarias para garantizar la reparación y que el condenado pueda pagar la pena en su lugar de arraigo.
“La prisión comunitaria como mecanismo sustitutivo de la prisión intramural, y la medida de aseguramiento privativa de la libertad comunitaria consistirá en la privación de la libertad en el lugar de arraigo del condenado o en el lugar que el juez determine. La prisión comunitaria permitirá que el penado realice actividades comunitarias tendientes a garantizar la reparación del daño ocasionado por el delito y que facilitará su proceso de reinserción social”, se lee en el documento.
Asimismo, dentro del texto se resalta una diferenciación entre la Ejecución especial de la pena que podrían pagar las bases de estas organizaciones frente a los altos mandos. “Una vez condenados con la rebaja del 60% de la pena imponible, iniciarán a cumplirla privados de la libertad en establecimientos de reclusión”, resalta.
“Cumplida 1⁄4 de la pena podrán acceder a permisos de 72 horas en las cuales deben cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial. Cumplida la 2/5 parte de la pena entrarán a un periodo semiabierto donde podrán acceder a permisos de 15 días cada dos meses, debiendo cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial”, agregó el borrador.
Por ejemplo, para personas condenadas a menos de 4 años de cárcel, podrían hacer trabajo restaurativo en centros educativos y de salud, bibliotecas, ranchos y huertas comunitarias.
De acuerdo con los términos mencionados anteriormente, el proceso de sometimiento iniciaría cuando el grupo armado presente una carta de voluntad, la cual será evaluada por el Gobierno y la Fiscalía. Luego de esta aprobación, deberían trasladarse a una figura denominada como Zonas de ubicación temporal, a la espera de su judicialización.
Cuando el ente investigador presenta una imputación grupal. De allí, cada uno de los integrantes deberán aceptar cargos, además de comprometerse a la colaboración con la justicia y a entregar la lista detallada de sus bienes. Si se cumplen todos los requisitos,, el juez emite la sentencia, con los beneficios y rebajas de la nueva ley.
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