Este viernes 23 de septiembre, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, se pronunció frente a los bloqueos que se registran sobre la Troncal a la Costa Caribe, entre los municipios de Cáceres y Tarazá, Antioquia, que se estarían instalando como rechazo de la comunidad a la destrucción de dragas que serían empleadas para la minería ilegal de oro.
El jefe de la cartera de Defensa explicó que según los reportes de las autoridades, se ha podido evidenciar que varios vehículos particulares y de carga se encuentran en las secciones interrumpidas de esta importante vía, por la comunidad de esta región al noroccidente de Colombia que subsisten de la extracción de minerales, en algunas ocasiones, de manera ilícita.
“Han pretendido quienes manifiestan que cesen estas actividades, que no se continúen acabando con la maquinaria utilizada para la minería ilegal, y sobre esto, entre lo que se ha dispuesto por el gobierno, una primera instancia de diálogo que está a cargo fundamentalmente por el Ministerio del Interior. Solo en el evento en que estos bloqueos persistan habrá que proceder”, indicó el ministro Velásquez.
En ese sentido, explicó que el jefe de la cartera del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, han entablado conversaciones con los mandatarios de esta localidad ubicadas en el Bajo Cauca antioqueño para conformar una mesa de diálogo con las comunidades que se encuentran bloqueando la importante vía que comunica la región andina del noroccidente con la costa Caribe.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, indicó que estos bloqueos han sido tipificados como delito porque se presentó la muerte de un joven de 17 años, identificado como Julián Jaramillo, luego que una ambulancia no pudiera acceder hasta el lugar en el que se había accidentado en su motocicleta a causa de la obstrucción de la vía por parte de la población.
“Ante una lesión ocurrida en un accidente con este menor de edad, no fue posible atención médica oportuna. Lastimosamente, atravesaron varios árboles, son 53 kilómetros de afectación y 10 puntos de bloqueos que imposibilitan las salidas y entrada de vehículos, particularmente de las ambulancias”, señaló el director de la Policía quien también expresó que se estaría poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.
En ese sentido, indicó que en esta medida la fuerza pública tiene facultad para atender esta obstrucción que habría dejado represados más de 12.000 vehículos de carga y que estaría generando tensiones entre las personas que mantienen bloqueadas las vías y los transportadores; sin embargo, destacó que se esperan instrucciones por parte de las carteras que adelantarán diálogos para buscar una solución concertada.
“Tenemos, actualmente, junto a la Fiscalía General de la Nación, el inicio de la acción penal por estos tipos penales, particularmente por la muerte de este menor”, concluyó el general Sanabria frente los bloqueos que se registran en esta región al noroccidente en la que se han presentado graves violaciones a los derechos humanos.
El Bajo Cauca antioqueño es una de las zonas más afectadas por una nueva ola de violencia en la que distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos han hecho llamados al Gobierno nacional debido a la crisis que vive esa zona del país. Entre las organizaciones que se han pronunciado está la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), que manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que, según un comunicado que emitió, cada día se agudiza más.
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