El pasado jueves 22 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que “en cuestión de días” se podría plantear un posible cese al fuego multilateral con las estructuras criminales que delinquen en el país, la cual haría parte de la política de “paz total” que busca el desescalamiento de la violencia en el país.
Así lo anunció el primer mandatario al finalizar su agenda en Nueva York, en la que entregó su primer discurso como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, detallando que este cese vincularía a los grupos armados ilegales que han manifestado su intención de participar en una salida dialogada al conflicto armado.
“Sería el inicio del fin de la violencia en Colombia con todos los grupos armados que se adhieran a esa posibilidad”, indicó el presidente Petro frente a esta propuesta que incluiría a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la banda delincuencial más grande de Colombia.
El anuncio del primer mandatario generó una ola de reacciones en el país político dentro de la que destacan la aclaración de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien declaró como “absurda” la posibilidad de declarar “en cuestión de días” un cese de fuego multilateral con las organizaciones criminales en el país.
Según explicó el jefe de la cartera de Defensa no era posible hablar de cese de fuego cunado no se han iniciado las negociaciones con ninguna de estas estructuras criminales: “sería absurdo pensar que se está planteando para ya el cese multilateral. Es una intención, ¿Qué determina que esa intención se concrete?, pues los avances que haya con cada una de las organizaciones”, indicó el ministro Velásquez.
Por su parte, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, señaló que “todo lo que sea por lograr una paz total, bienvenido sea”; sin embargo, indicó que las normas y reglas constitucionales debían ser respetadas en esta propuesta que contempla el sometimiento de las bandas delincuenciales y acuerdos con las estructuras ilegales con filiación política.
“Porque una cosa es hacer acuerdos y organizarlos con grupos que tienen una orientación política, y otra distinta es cuando se trata de grupos entre comillas al margen de la ley. Ahí tendrá que establecerse algún tipo de estructura normativa nueva, o de reglamentación nueva, porque hasta ahora en el país los arreglos con estos grupos al margen de la ley, que no tienen orientación política, tienen que someterse a las herramientas contempladas dentro de las reglas procesales penales”, indicó la procuradora Cabello.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, destacó el anuncio del presidente Gustavo Petro, explicando que desde el Gobierno nacional posiblemente se dé una propuesta formal de cese al fuego multilateral abriría los canales de diálogo con los grupos armados ilegales que han manifestado su voluntad de participar de los diálogos para buscar una solución al conflicto.
A su vez, señaló que no necesariamente sería un obstáculo al Ejército Nacional, como lo han señalado algunos sectores de la oposición, aclarando que si se impulsa la pacificación y un cese de la violencia no habría conflicto que atender; no obstante, de no lograrse la salida dialogada las fuerzas armadas y la Policía defenderían la soberanía.
“Están esquizofrénicos; ahora pretenden desarmar las fuerzas del orden para llegar al cese multilateral. ¿Entonces quién garantizará la seguridad, la vida, bienes y honra de los ciudadanos?”, señaló la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, un comentario que se asemeja al del congresista de su mismo partido, Miguel Uribe, quien aseguró que esta propuesta “premiaba a los narcotraficantes y asesinos”.
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