Defensoría del Pueblo identifica 108 casos de invasiones ilegales en Colombia

Este jueves 22 de septiembre, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que ha logrado identificar 108 casos de invasiones ilegales en el país, de los cuales 13 estarían vinculados a grupos armados ilegales que buscan el control territorial y de las economías ilícitas en los territorios.

Así lo anunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante su intervención en Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social en el que aseguró que el 36 % de estos casos se estarían registrando en el departamento del Cauca; sin embargo, solicitó especial atención en Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada.

“Ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional. En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, señaló el funcionario en medio del evento que se llevó a cabo en Medellín, Antioquia.

El defensor explicó que las principales causas de la ocupación de tierras en el país se vinculan al reclamo de comunidades rurales frente a la carencia a la tierra y su acceso, así como a ejercer su derecho al acceso progresivo a la propiedad, con lo que invadían predios considerados improductivos; bienes baldíos o fiscales patrimoniales, así como predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De igual manera, señaló que otra de las causas estaba relacionada a las ocupaciones ejercidas por parte de poblaciones étnicas que adelantaban ejercicios de invasión denominados “liberación de la madre tierra” con los que ocupaban zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural, especialmente en departamentos como Cauca y Vichada.

“Se ha exacerbado la conflictividad intercultural que involucra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y las disputas en torno a la territorialidad. Así mismo, se identifican vulneraciones a otros derechos como la vida, libertad e integridad, propiedad, el acceso progresivo a la tierra, vivienda, educación, salud, servicios públicos, acceso a crédito agropecuario y afectaciones al medio ambiente”, señaló el defensor Camargo.

Por otra parte, el funcionario detalló que existen ciertas condiciones propias de cada región como en el caso de las ocupaciones de Guinía y Huila en el que las comunidades buscan acceder a predios para la construcción de vivienda propia, debido al déficit habitacional que se presenta en esta parte del país, diferente a la región del Urabá en la que se vincula este fenómeno a proceso de restitución de tierras.

Por último, el defensor reiteró en la importancia de fomentar los diálogos directos con las comunidades con el propósito de buscar soluciones dialogadas a este conflicto social que se ha recrudecido en los últimos meses y que ha evidenciado las grietas de un problema histórico.

“Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que promete el Gobierno, es necesario contar con resultados muy rápidos, para disminuir el riesgo de que los sectores sociales inicien nuevos procesos de movilización social”, concluyó el defensor Camargo.

Por su parte, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, designó un grupo especial para la investigación de los casos de invasión de tierras que actualmente se registran en varias regiones del país, y que evidencian la agudización de un conflicto social histórico.

Así lo confirmó el funcionario en medio de su intervención en la instalación de la Segunda Jornada de la Jurisdicción Disciplinaria, realizada en Medellín, donde detalló que este grupo estará conformado por fiscales e investigadores que se enfocarán en las reiteradas denuncias vinculadas a la “ocupación ilegal de tierras, usurpación de bienes y avasallamiento”.

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