Procuraduría de la JEP pide indagar criterios de la Operación Orión, liderada por el general (r) Mario Montoya

Nuevamente la Jurisdicción Especial para la Paz vuelve a poner los ojos sobre el general (r) del Ejército Mario Montoya, esta vez por las cuestionables políticas que se tuvieron en cuenta para desarrollar operaciones militares como Orión —llevada a cabo desde el 16 de octubre de 2002— y otras que estuvieron bajo su comandancia en las que se habrían cometido violaciones a los derechos humanos, incluyendo ‘falsos positivos’.

De acuerdo con el documento presentado por la Procuraduría delegada ante el tribunal especial de paz y conocido por La W, en las operaciones Orión, Marcial y Mariscal no se cambiaron las políticas pero sí la presencia de grupos guerrilleros. Tampoco cambiaron las presiones por entregar resultados, lo cual pudo facilitar la comisión de ejecuciones extrajudiciales tras los constantes pedidos de los altos mandos.

El pasado 30 de agosto, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas dio apertura al macrocaso 08, denominado “Crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles”, con el que la JEP busca determinar la gravedad con las que fueron cometidas afectaciones a los derechos humanos en momentos clave del conflicto armado como la masacre de El Aro, el asesinato de Héctor Abad Gómez y las operaciones ya mencionadas.

De acuerdo con el auto de la sección del tribunal especial, los acontecimientos anexos en este macrocaso deben estar vinculados con crímenes cometidos por agentes del Estado, en solitario o en apoyo con grupos paramilitares o terceros civiles en relación indirecta con el conflicto armado. En ellos se busca indagar si hubo desapariciones o desplazamiento forzado y masacres que no han sido tenidas en cuenta en los otros siete casos abiertos en el tribunal.

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En el auto conocido este jueves 22 de septiembre por el medio citado, el ministerio público calificó de “altamente cuestionable” el hecho de que en ese tipo de operaciones fueran implementadas políticas relacionadas con la presión que privilegiaba “exclusivamente” las bajas operacionales aún cuando la presencia de grupos guerrilleros era muy baja.

Asimismo, el ministerio público explaya que, pese a que desde la fuerza pública sabían que los actores insurgentes no estaban en el Valle de Aburrá, la Cuarta Brigada del Ejército, comandada por Montoya Uribe desplegó unidades militares como Agrupaciones de Fuerzas Especiales y Pelotones Antiterroristas Urbanos que terminaron arremetiendo contra estructuras de delincuencia común y civiles.

El auto precisa que en esas operaciones fueron desconocidas las reglas del Derecho Internacional Humanitario —DIH—, como por ejemplo, el hecho de que fueran perseguidos y asesinados civiles que no tenían relación con hechos cometidos por guerrilleros o con estos grupos.

Sumado a eso, la Procuraduría ante la JEP pidió hacer investigaciones a fondo sobre la denominada ‘Casa Orión’, la cual funcionó al momento de operación como sede de los pelotones militares en la Comuna 13, a fin de determinar “si la selección de esta casa no solo habría podido responder a una ubicación estratégica privilegiada, sino también a un ejercicio de control por medio del miedo”, señala el pronunciamiento.

Esta vivienda ha sido mencionada por comparecientes ante la JEP como el sargento William García, quien señaló que al frente de ese sitio fue detenida una persona que posteriormente habría sido asesinada.

También, la entidad citó a declarar a reclutadores como alias Rubelio, Papito y Juan Yepes, quienes han sido mencionados por otros comparecientes. También solicitaron investigar si al Batallón de Ingenieros General Pedro Nel Ospina fueron destinados recursos públicos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

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