La senadora Yuly Esmeralda Hernández Silva, en una entrevista para la W Radio, dio a conocer una serie de contratos irregulares, los cuales, al parecer, demostrarían una supuesta red de corrupción, que desfalcó los recursos del medio ambiente, a través de contratos para realizar diferentes obras en los municipios del país. El robo tendría una cuantía de unos 3,8 billones de pesos, sustraídos mediante el pago de coimas, que correspondían a ciertos porcentajes de dichos proyectos.
La información habría surgido a partir de una investigación de 12 mil contratos pagados con dinero del Sistema Nacional de Regalías, que al parecer, fueron asignados a dedo, durante el gobierno de Iván Duque, o sea, en el periodo 2018 - 2022, que se les entregaron a los alcaldes de los municipios y que en su mayoría fueron obligados a “pagar peaje”, lo que significa, algunos otros funcionarios públicos, o congresistas exigen un porcentaje de ese dinero, con el fin de aprobar la obra.
Según el periodista Daniel Coronell, este cobro de peajes se extiende por la red OCAD - Paz (Órganos Colegiados de Administración de Decisión), esta entidad es un órgano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con regalías, que salen de los acuerdos con la extinta guerrilla de las FARC. Esta misma dependencia, del Sistema General de Regalías está bajo la lupa de la justicia colombiana, precisamente por corrupción, caso destapado por Valeria Santos y Sebastián Nohra, de Blu Radio.
Según destaca la senadora y W Radio, los departamentos con la mayor cantidad de contratos adjudicados a dedo son: Valle del Cauca, Meta, Casanare, La Guajira y Antioquia; allí es donde estarían presionando a los mandatarios.
“Hicimos una verificación documental que tiene como resultado más de doce mil contratos, que no se hicieron con licitación y con Ley 80, que suman alrededor de 3.8 billones de pesos que no incluyen el OCAD - Paz que era el escándalo que ya conocíamos. Tengo el testimonio de más de 10 alcaldes con nos que corrobora la información, que me aseguran que funcionarios de alto nivel, del gobierno de Iván Duque les pedían coimas y porcentajes de los proyectos, a cambio de agilizar, viabilizar y aprobar los proyectos. ¿Qué significa esto? que ningún proyecto en el Sistema General de Regalías prácticamente es viable si no tiene un padrino político que se encargue de negociar, en los distintos niveles, esos porcentajes. Esto es un círculo de corrupción en el que los alcaldes quedan entre la espada y la pared porque, o los alcaldes cedían ante las presiones negociado los porcentajes con esos altos funcionarios, o son juzgados por la comunidad por su falta de gestión, porque no fueron capaces de bajar los recursos de la nación ante las necesidades que se presentan”, manifestó la congresista Hernández.
La congresista explica que todo surge desde la ideación misma de los proyectos, pues muchas veces no cuentan con recursos para hacerse de una auditoría, allí es donde llegan los empresarios, con el proyecto, prácticamente, listo, incluso con el lobby para su aprobación.
Todo empieza por las alcaldías, luego a las gobernaciones, entidades que priorizan y disponen en primera instancia los recursos, pasa por el Departamento de Planeación Nacional y llega finalmente las altas cámaras del gobierno nacional, por ejemplo, el Ministerio del Interior o el Departamento de Prosperidad Social.
“Encontramos una red corrupción que funciona pagando “peajes” del 10% a funcionarios de todos los niveles desde que nace el proyecto hasta que se ejecuta. La contratación a dedo es la forma de sacar dineros y entregar coimas sin pasar por procesos transparentes (...) Entregaremos todas las evidencias y documentos a organismos de control que sancionen a los culpables. Además, radicaremos un proyecto para modificar Ley de Regalías y eliminar todos los privilegios a los corruptos”, explicó la congresista a través de sus redes sociales.
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