La Procuraduría General de la Nación apeló una tutela que había tenido un fallo anterior por parte del Tribunal de Armenia. La tutela se había interpuesto con el fin de buscar garantías dignas para las personas que permanecen recluidas tanto en centros de detención transitorios, como en centros penitenciarios. Con la decisión adoptada por el tribunal, las autoridades que administran los centros carcelarios del país tendrán un plazo de un año y medio para gestionar el fallo proferido.

El tribunal ordenó a las autoridades del Quindío garantizar las condiciones mínimas de alimentación, acceso sanitario, ventilación y luz solar suficiente para un total de 282 personas privadas de la libertad. Así lo determinaron los magistrados de la Sala Penal, luego de comprobar que la procuraduría aportó pruebas fotográficas suficientes como para demostrar las condiciones precarias en las que permanecen recluidas estas personas.

La tutela interpuesta por parte del Ministerio Público, señalaba que las personas privadas de la libertad cuentan con espacios reducidos para circular, sin suficiente ventilación y con espacios insuficientes para que las personas puedan dormir, ya que el ente de control asegura que muchos de los reclusos duermen en los patios de los centros de reclusión, en medio de la intemperie.

La orden judicial determina que, en un plazo máximo de un año y medio, las autoridades territoriales deben disponer de inmuebles que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad higiene y sanidad adecuadas.

El propósito de esta instrucción del tribunal es “para trasladar temporalmente a personas recluidas en los denominados centros de detención transitoria y disminuir el hacinamiento”, sostuvo la Procuraduría General de la Nación.

El fallo fue emitido a las alcaldías de Armenia, La Tebaida y Quimbaya, así como también al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

La apelación del fallo inicial que había emitido el tribunal se dio por cuenta de la procuradora 38 Judicial, la funcionaria del ministerio Público tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud de los recluidos en Armenia y varios municipios del departamento del Quindío.

Dentro de las peticiones presentadas por parte de la procuradora, se detallaban las condiciones en las que se encontraban las personas recluidas en los calabozos de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Sijin), la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de de la Fiscalía General de la Nación, los Centros de Atención Inmediata (CAI) Santander y La Isabela en la ciudad de Armenia y las estaciones de policía de los municipios de la Tebaida y Quimbaya, pertenecientes al departamento de Quindío.

El comandante de la Policía del departamento del Quindío, coronel Jorge Mario Córdoba, ha expresado su preocupación por el hacinamiento carcelario que existe actualmente. Según indicó el oficial, en todo el departamento el hacinamiento total es del 145 por ciento, aunque en algunos lugares puede incrementar mucho más.

Tal es el caso del centro de retención transitorio del comando de la Policía Nacional en el departamento del Quindío, pues el hacinamiento de este lugar es del 400 por ciento. Como medida definitiva para solucionar esta situación, se había planteado la ampliación de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, donde se había propuesto para este año, la construcción de un nuevo pabellón en este centro penitenciario. Sin embargo, la adjudicación para esta ampliación, que se tenía prevista para julio de este año, no pudo concretarse entre los mandatarios locales y el gobierno anterior gobierno Nacional.

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