Tras la violencia evidenciada en las manifestaciones del 2021, se estableció una mesa de diálogo para buscar una forma de atender ese tipo de estallidos sociales y prevenir la vulneración de los derechos humanos, cuyos resultados fueron presentados por la Personería en un acto simbólico de compromiso por la protección de la ciudadanía.
Con el objetivo de tener protestas pacíficas y mayor atención a los casos de violaciones de derechos humanos en esos contextos en la capital del país, la Personería de Bogotá presentó un nuevo protocolo que articulará a las instituciones distritales, estudiantes y la fuerza pública.
En la mesa participaron la Nacional de Colombia (Sede Bogotá), Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José de Caldas y Pontificia Universidad Javeriana, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos, comisiones de verificación e intervención; líderes y lideresas estudiantiles; la Brigada de Salud Estudiantil.
Del diálogo se construyó el Protocolo para la Prevención, Atención, Monitoreo y Seguimiento de Posibles Casos de Vulneración de los Derechos Humanos en el Marco de la Protesta Social, que articulará a las instituciones y organizaciones sociales de la capital, para poder hacer seguimiento tanto antes, durante, como después de los escenarios de manifestación, así como de posible vulneración.
“El propósito es generar escenarios que permitan el cambio de las dinámicas en el marco de la protesta social. Presentamos un protocolo para la prevención, el manejo de distintos casos de presuntas violaciones de derechos humanos”, señaló Julián Pinilla Malagón, Personero de Bogotá.
Según el representante del Ministerio Público, es un hito histórico porque vincula tanto a los estudiantes, con la fuerza pública y las entidades distritales para que todos construyan y participen en la generación de escenarios de protestas pacíficas, con garantía de derechos y respeto por todos los actores.
El protocolo tuvo un acto simbólico de entrega en el Claustro San Agustín, en el que por medio de velas y la firma del protocolo, los diferentes representantes de los sectores participantes se comprometieron a cumplir con las disposiciones para garantizar espacios seguros para los derechos humanos.
“La Policía Nacional de los colombianos, en el marco de su actuación, garantizando por supuesto el derecho a la manifestación, a la protesta pacífica y vamos a ser garantes y acompañar en todo momento todas estas manifestaciones con base en este protocolo que hoy se entrega”, sostuvo el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez Gallego, sostuvo que el espacio de diálogo fue crucial para acercar a las partes en conflicto como la Policía y los jóvenes, que contribuye a cambiar imaginarios, estigmas y estereotipos que existen sobre los universitarios. “El protocolo consiste en una serie de mecanismos que tenemos que implementar cuando se presentan protestas”, señaló.
“Tener la posibilidad de sentarnos a todos los actores en una mesa de trabajo constante para ponerse de acuerdo en lo esencial, para encontrar controles y que desde el ejercicio del disenso del derecho a la protesta se puedan mitigar los riesgos en un escenario de esta naturaleza”, agregó el rector de la Universidad Distrital, Giovanni Tarazona.
Este fue el resultado de más de 50 sesiones de diálogo que involucra en la defensa y protección de los derechos humanos, tanto a los actores participantes como a los terceros. Además, es el segundo protocolo de la Personería para la protesta social luego del presentado en octubre de 2021 dirigido a la Atención y Seguimiento de Violencias Basadas en Género y en Diversidades Sexuales en el marco de la Protesta Social.
El documento, según reveló la revista Semana, busca que las protestas sean pacíficas por parte de los manifestantes y el uso de la fuerza de las autoridades se ejerza estrictamente bajo el marco de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y racionalidad.
“El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se ubicará a una distancia prudencial de los sitios de reunión, entendiendo que su actuación será la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que cometan personas o focos específicos dentro de una manifestación pacífica”, dice el protocolo.
Así mismo, contempla que las brigadas civiles de salud sean destinadas a proteger la vida y trabajen como la primera respuesta institucional en salud, así como que se garantice la protección de los terceros como peatones, vendedores y comerciantes o habitantes.
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