Alrededor de unas 175 familias habrían salido desplazadas de las veredas del municipio de La Tola, en el departamento de Nariño, por temor ante los enfrentamientos que se presentaron en zona rural entre grupos armados y que llevó a la Alcaldía municipal a declarar un toque de queda.
Los conflictos se habrían presentado en la vereda Negret, donde el pasado viernes 16 de septiembre se presentó un enfrentamiento entre grupos armados que se extendió por más de una hora, según dijeron residentes a la emisora Blu Radio, aunque no se reportaron heridos civiles.
Sin embargo, a raíz del hecho las familias de ese sector habrían abandonado sus viviendas para llegar a la cabecera municipal para solicitar protección y asistencia del gobierno municipal. Este también declaró un toque de queda que se podría extender hasta este martes 20 de septiembre o un día más.
Al parecer, el combate es entre el denominado Frente 30 de las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia, también residual de la extinta guerrilla, que se disputan el control territorial de ese sector del norte del pacífico nariñense, a unos 140 kilómetros de la capital Pasto y cerca del sur del Cauca.
De acuerdo con la alerta temprana 004-22 estructural emitida en febrero pasado por la Defensoría del Pueblo, la disidencia del Comando Coordinador de Occidente que estaría bajo el mando de alias Calarcá, quien recientemente se reunió con el comisionado de Paz del gobierno nacional, hace presencia en la zona con el Frente 30 desde hace dos años con el interés de controlar el pacífico nariñense.
La Segunda Marquetalia hace presencia en el territorio por medio del Bloque Occidental Alfonso Cano, creado tras la ruptura de los mandos superiores del Frente Oliver Sinisterra, a finales del año 2019. Su interés son las rutas del narcotráfico hacia la costa Pacífica e impedir el ingreso del CCO con la que sostiene combates en zona rural de Tumaco.
También hacen presencia facciones del ELN, el Frente Oliver Sinisterra y una banda criminal denominada Los Contadores, que sostienen alianzas con los otros grupos armados, que sostienen una disputa permanente por la Costa Pacífica nariñense, los centros de producción de cocaína, imponen control social y restricciones a la población civil.
Entre los desplazados de La Tota niños y niñas, mujeres en estado de gestación y adultos mayores, de acuerdo con el diario El Tiempo. Temen utilizar las embarcaciones para llegar hasta Tumaco, debido a que han visto lanchas que merodean con hombres armados por el río Satinga, ante lo que denuncian la presunta inoperancia del Ejército para capturarlos.
“Estamos encerrados, nadie puede salir ni entrar a la población por temor a caer en medio del fuego cruzado o ser retenido por los integrantes de la denominada Segunda Marquetalia”, relató uno de los pobladores a la emisora citada.
El pasado 11 de septiembre se instaló en Ipiales la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – Ciprat, con el objetivo de hacer seguimiento a todas las situaciones de riesgo para las poblaciones vulnerables, líderes, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas.
El pasado sábado 17 de septiembre, el Ministerio del Interior instaló el Puesto de Mando Unificado por la Vida en el municipio de Tumaco, para hacer presencia en el territorio, escuchar a la comunidad y junto con la fuerza pública y las autoridades departamentales se analizara la situación de riesgo de las comunidades.
“Estamos anunciando la adopción de 49 medidas diferentes que van desde el aceleramiento de los tiempos para los estudios de riesgo e implementación de medidas, hasta a intervención del Estado en la adopción de medidas cautelares, convocatoria que hacemos a la comunidad para que nos entregue la información necesaria para poder actuar frente a bandas criminales, narcotráfico y factores de violencia. Aquí un puesto de Mando Unificado es la coordinación de medidas que permitan proteger la vida de la gente”, sostuvo el ministro Prada.
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