Para nadie es un secreto que defender el medio ambiente en Colombia es una tarea que implica, en muchas ocasiones, arriesgar la vida. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma de los acuerdos en La Habana y hasta 2021, 611 líderes y lideresas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas, lo que ubica a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer este tipo de liderazgo.
Una de las herramientas que se presentan para defender la vida de los defensores ambientales es el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo internacional se basa en tres puntos claves: Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, entre otros.
Desde 2019 cuando el expresidente Iván Duque, en medio de las Mesas de Conversación Nacional que nacieron del paro del 21 de noviembre de ese año, anunciara que iba a tramitar con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República el proyecto medioambiental, no ha pasado nada.
Precisamente para hoy, 20 de septiembre, estaba convocado el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley No. 109/2022 sobre el Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, a último momento y “sin una justificación clara, se anunció el aplazamiento de la votación por parte de la Presidenta de la Comisión, la Representante Juana Carolina Londoño y el Secretario de la misma, el representante Juan Carlos Rivera, ambos del Partido Conservador”, denunció este martes la Alianza por el Acuerdo de Escazú.
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Para las 12 organizaciones que componen la alianza, “este aplazamiento desconoce que el tratado regional ya lleva dos años en el Congreso y su trámite ha tenido múltiples discusiones, así como diversas dilaciones”.
En el mismo sentido indicaron que su postergación repite la falta de compromiso que tuvo el Congreso pasado, en un momento en el que Colombia enfrenta enormes retos para el fortalecimiento del acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental.
El Acuerdo de Escazú fue negociado por los países de América Latina y el Caribe, y aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional.
Tres años pasaron desde que el presidente Iván Duque anunció la firma el Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre de la ciudad de Costa Rica en la que se adoptó el convenio en 2018. Pero terminó su Gobierno y la implementación nunca llegó.
Por esa razón, la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia reiteró su solicitud al Congreso de la República y al Gobierno nacional de impulsar de manera urgente el proceso de ratificación de “este visionario tratado”.
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Una de las líderes del Acuerdo de Escazú en Colombia es Lina Muñoz Ávila, profesora de la Universidad del Rosario. Después de conocerse al aplazamiento del debate de este martes, aseguró que:
“Ignorar este tratado regional implica cerrar las puertas al fortalecimiento de nuestras políticas públicas e institucionalidad ambiental, y dar la espalda a un escenario de cooperación y multilateralismo fundamental para nuestro país”
Por otro lado, congresistas de diversas bancadas y sectores políticos han manifestado su apoyo al Acuerdo de Escazú y su disposición de aprobarlo. Entre ellos, Andrés Calle del Partido Liberal, Carolina Giraldo del Partido Verde, David Racero del Pacto Histórico, Fernando Niño del Partido Conservador, Alexander Guarín del Partido de la U, Elizabeth Jay-Pang del Partido Liberal, Erika Tatiana Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Norman Bañol de la Circunscripción Indígena y Jorge Tovar de la Circunscripción de Paz.
Los congresistas en un comunicado conjunto señalaron que el tratado internacional “es una herramienta que ayudará a seguir fortaleciendo la lucha y la protección por el medio ambiente y los derechos humanos. Desde la Cámara de Representantes, llevaremos la bandera de la defensa y trabajaremos con determinación para que este proyecto avance en su curso y pueda ser una realidad en nuestro país¨, puntualizaron.
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