Alerta del contralor general por aumento de la deuda pública de Colombia y cambios en variables económicas que pueden impactarla

El contralor Carlos Hernán Rodríguez afirmó que se debe mirar con cuidado la tasa de cambio, las tasas de interés y el comportamiento de la inflación

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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República. FOTO: Senado

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, lanzó hoy una alerta por el importante aumento que registra la deuda pública colombiana en el acumulado anual. Considera que es “una situación de especial atención, no solo por los volúmenes que registra, sino por los cambios en las principales variables macroeconómicas, como la tasa de cambio (dólar), las tasas de interés y la tasa de inflación, que pueden impactarla”.

De acuerdo a un informe que presentó el jefe del organismo de control ante la Comisión Legal de Cuentas, respecto a 2020, la deuda total del sector público aumentó en términos nominales 137,23 billones (un 18,6 %). Fue así como pasó de 737,65 billones de pesos en 2020 (73.9% del producto interno bruto - PIB) a 874,88 billones de pesos, saldo que equivale al 74.3 % del PIB.

Entre tanto, la deuda externa presentó un incremento de 62,17 billones de pesos en el acumulado anual y la deuda interna registró un aumento de 50,25 billones de pesos.

Los cambios en las tasas de interés y la variación de la tasa de cambio afectaron el servicio de la deuda. El servicio de la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2021 ascendió a 73,84 billones de pesos (6,3 % del PIB), de los cuales 41,16 billones de pesos correspondieron a amortizaciones y 32,68 billones de pesos a pago de intereses y comisiones.

Al observar el nivel histórico que alcanzó la deuda pública en 2021, la Contraloría considera necesario evaluar las condiciones para su sostenibilidad en el mediano plazo.

Movimientos presupuestales “incorrectos”

El contralor general presentó también un informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro 2021, sobre el cual la Contraloría emitió una opinión “no razonable”, al evidenciar incorrecciones que sumaron 49,30 billones de pesos. La misma opinión se emitió para las vigencias 2018, 2019 y 2020.

Las principales incorrecciones se presentaron debido a que en la Ley de Presupuesto se incluyeron artículos que permitieron al Gobierno hacer movimientos presupuestales que contravienen el estatuto orgánico de presupuesto como:

- Permitir constituir reservas que correspondían a anticipos pactados o a bienes y servicios ya recibidos, los cuales debieron registrarse en cuentas por pagar, lo que impacta el cálculo del déficit fiscal para mejorarlo.

- Se sobrepasó el límite de la constitución de reservas presupuestales del 2 % en gastos de funcionamiento y 15 % de los gastos de inversión.

- Aforo de recursos aprobados para el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) en la vigencia 2021 cuando debieron figurar como pérdidas de apropiación de la vigencia 2020.

- Incumplimiento de los principios presupuestales de anualidad y universalidad en el manejo del pago del servicio de la deuda pública interna pues se constituyeron reservas que se utilizarían para cubrir el servicio de la deuda de la vigencia siguiente.

- Y mayor costo fiscal por el efecto cambiario y la tasa de interés en cuantía por determinar, ya que se cubrieron pagos del servicio de la deuda interna con recursos del crédito externos.

La Contraloría resaltó que “al analizar la ejecución de ingresos se encuentra un dato llamativo: los ingresos por dividendos y utilidades presentan una caída del 45,5 % y llegar a 7,90 billones de pesos. Este menor ingreso se explica básicamente por las menores utilidades de Ecopetrol que en 2021 entregó dividendos a la Nación por 619.000 millones frente a 6,55 billones pesos entregados en 2020″.

Auditoria a balances de la Nación

En cuanto a la auditoría a los balances de la Nación y de la Hacienda Pública 2021, se destaca un resultado importante:

Durante el cuatrienio 2018 – 2022 se observó una disminución del nivel de incorrecciones evidenciadas en el proceso auditor en el sector público cuando en el 2018 tuvieron un nivel de 100,8 billones de pesos y año a año fueron disminuyendo, en 2019 a 63,1 billones de pesos, en 2020 a 54,1 billones de pesos y finalmente en 2021 a 37,9 billones de pesos.

“A nivel nacional se observó un comportamiento similar. Se pasó de emitir una opinión negativa con incorrecciones en el 2018 de 79,1 billones de pesos, en 2019 de 50,0 billones de pesos y 2020 de 44,3 billones de pesos, a una opinión sin salvedades en 2021 con incorrecciones por 13,1 billones de pesos. Es decir, una disminución en el monto de la incorrección. Sin embargo, para la Contraloría falta camino por recorrer”, indicó la Contraloría.

Aún existen incorrecciones recurrentes en algunas entidades como la Dian, por debilidades en el control de cuentas por cobrar que desembocaban en saldos contrarios, en Reficar por sobrecostos en las propiedades, planta y equipo, y en Invías, ANI y Aerocivil por errores de registros de bienes de uso público en servicio y concesiones. Con respecto a estas incorreciones, las entidades y la misma Contaduría General de la Nación establecieron planes de mejoramiento que apuntaron a corregir las debilidades que originaban los hallazgos.

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